En Guatemala, el aparato judicial es pieza crucial para mantener el balance entre pesos y contrapesos de nuestro sistema republicano. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Constitucionalidad (CC) son los últimos garantes para salvaguardar el Estado de Derecho y preservar la separación de poderes. Sin embargo, su papel se ve constantemente desafiado por fuerzas políticas que buscan influir en beneficio propio.
La CSJ y la CC se han convertido en una especie de árbitro final para un sinfín de temas que se han judicializado. Esa letanía de temas incluye los casos “de alto impacto” que desde hace años presenta el Ministerio Público (MP). Y dichos casos resultan de un MP que persigue casos, no según su política criminal, sino según sus intereses políticos. La usurpación del aparato de justicia con fines políticos, desde el MP hasta las cortes, se le conoce como lawfare.
En español, lawfare se traduce a “guerra jurídica”. Si lo explicamos de modo sencillo, lawfare conlleva la instrumentalización de la justicia para lograr fines políticos o personales. Es la declaratoria de guerra donde las leyes y las cortes se convierten en armas letales, alejándose de los principios de independencia e imparcialidad.
Recordemos casos como la persecución extorsiva de CICIG contra el hijo y hermano de expresidente Jimmy Morales por unas canastas navideñas que fueron facturadas al Registro de la Propiedad. ¿Era ese realmente un caso de prioridad nacional? ¿O respondía a los intereses políticos de quienes instrumentalizaban la justicia? Hoy sabemos que los señalados fueron declarados inocentes de cualquier delito y que la única sustancia del caso eran las motivaciones políticas que había detrás.
El uso (o abuso) de la CICIG o el MP para amenazar a un presidente en funciones con un fin extorsivo es un clarísimo ejemplo de lawfare. Así como la persecución de ese caso es inadmisible (e ilegal), también es lawfare el seguir persiguiendo al Partido Semilla por un supuesto fraude en las elecciones 2023. Ojo que no digo que no se deba investigar el origen del partido y los atajos que Thelma Aldana pueda haber tomado para tener listo su vehículo electoral para los comicios del 2019. Simplemente que esos actores y esos hechos poco tienen que ver con las elecciones 2023. Todo ello se parece al uso de las canastas navideñas para coaccionar a un presidente en funciones, lo cual no cabe dentro del marco de una república.
¿No sería un mejor uso del tiempo del MP el actuar apegado a su propia política criminal y enfocarse en la persecución de verdaderos casos de corrupción, en lugar de regirse por agendas políticas? En un país como Guatemala, donde la corrupción ha penetrado profundamente en las instituciones, es esencial que el MP priorice su labor en la lucha contra este flagelo que mina la democracia y socava la confianza pública en el sistema judicial. En lugar de desviar recursos y energía en acciones que podrían percibirse como maniobras políticas o tácticas de lawfare, el MP debería concentrarse en aquellas investigaciones con mayor mérito y realizar una persecución rigurosa y enmarcada en el debido proceso. Este enfoque no solo fortalecería el Estado de Derecho, sino que también enviaría un claro mensaje de que la impunidad ya no tiene cabida en Guatemala.
La CSJ parece también haber actuado de manera política al seguirle el juego al MP y rechazar las peticiones del presidente electo Arévalo (en aquel momento). También actúa de manera política al avalar la creación de carpetas “multi-causa” o la concentración de casos en ciertos jueces, como el Juez Orellana. Recordemos que la designación de un juez independiente es un derecho humano amparado por tratados internacionales. No podemos seguir aceptando fallos y resoluciones solo porque son convenientes para nuestros intereses, si esos fallos implican atropellar al debido proceso.
Estamos a las puertas de la elección de nuevas cortes, un proceso que lamentablemente ha sido muy controversial y atropellado. De hecho, el Congreso de nuestra República debe convocar en las próximas semanas a la integración de una postuladora para poder avanzar en este importante proceso. El anterior proceso de postulación también fue sujeto de lawfare con el arresto de Murphy Paiz cuando presidía la postuladora. Esperemos la CSJ se integre para ser un árbitro imparcial y no un árbitro sesgado. Recordemos que un juez “influenciable” puede ser influenciado para actuar en contra de su “patrocinador” original. La mentalidad cortoplacista de antaño se debe de sustituir por patriotismo. Exijamos que las Comisiones de Postulación y el Congreso hagan lo correcto por Guatemala, por el bien y el futuro de nuestra nación.
