Pan para hoy, hambre para mañana

Uno de los atributos más importantes para que un país se desarrolle de manera sostenible es su prudencia macroeconómica y, en especial, el cuidado con el que se maneje el gasto público. Ante la avalancha de promesas electorales, amerita hacer pausa para evaluar los costos de ciertas propuestas. Corremos el riesgo que el candidato privilegiado con nuestro voto pretenda hacer realidad más de alguna de esas promesas, arriesgando nuestra estabilidad y comprometiendo los recursos de las siguientes generaciones.

Con demasiada frecuencia, las decisiones de incremento del gasto público tienden a ser permanentes e irreversibles. Es fácil prometer plazas o aumentos antojadizos. Sin embargo, el aumento desmedido de contrataciones de servidores públicos nos sale cada vez más caro a todos los guatemaltecos. Una investigación de Prensa Libre de 2022, determinó que en las últimas dos décadas la cantidad de empleados públicos ha aumentado un 116 por ciento, pasando de 108,321 puestos en 2001 a 234,730 en junio 2022. Sin embargo, según cifras del IGSS, al ver los datos de afiliados por actividad económica, en Administración Pública y Defensa, aparecen un total de 343,777 afiliados.

El pago de nómina ya representa el 28.6 por ciento de nuestro presupuesto. Dicha nómina ha incrementado de Q6,060 millones en el 2002 a Q29,919 millones 20 años más tarde. Un crecimiento exponencial difícil de revertir y que solo se agrava con cada repago del “apoyo político” desde los entes colectivos.

Hemos duplicado el número de colaboradores estatales a lo largo de los últimos 21 años, y hoy pagamos 5 veces más en nómina. No obstante, este aumento en nuestro gasto no se ve reflejado en la misma proporción en mejoras de la educación, salud, seguridad y demás. Un claro ejemplo de ese divorcio entre gasto y resultados es el bono anual que se realizó en 2022 a los maestros del sector público, resultado del pacto colectivo negociado con el sindicato. Esto representó un desembolso de Q311 millones, pero sin ser acompañado de compromisos a mejoras tangibles en nuestro sistema educativo (como incremento en el aprendizaje de los niños, por ejemplo).

¿Cuán grande es el Estado que requerimos y cuánto nos costaría? Como sociedad, debemos exigir los más altos estándares de eficiencia y efectividad del gasto público. Eso necesariamente implica transparencia y la eliminación de la corrupción, los conflictos de interés y los tráficos de influencias en las compras públicas. Estas prácticas, aunque vivas en la retórica política, lastimosamente han perdido importancia y relevancia práctica alrededor del mundo. Muchas naciones caen en juego del corto plazo y dan “pan para hoy”, sin considerar que necesariamente implica “hambre para mañana”. Serán las futuras generaciones quienes paguen por esa ineficiencia que se introduce como perenne en las finanzas públicas.

Veamos lo que está sucediendo en Estados Unidos para ejemplificarlo. Hoy Estados Unidos es el país con el mayor saldo de deuda pública en el mundo. Para colmo, la semana pasada el presidente Joe Biden firmó una ley para elevar el techo de dicha deuda, la cual ya representa 125.5 por ciento de su PIB.  El más reciente estimado de la Oficina de Presupuesto del Congreso calcula que la factura de los intereses pasará del actual 10 por ciento de los ingresos fiscales a 38 por ciento en el 2053. Ese gasto en intereses drena importantes recursos que de otra manera podrían ser utilizados para mejorar la educación, la cobertura de salud, etc.

La deuda per se no es mala. Representa un mecanismo para financiar proyectos productivos y para los cuales el presupuesto anual es insuficiente. Sin embargo, la deuda se vuelve tóxica cuando se usa para financiar gasto corriente desmedido y sin ningún criterio de productividad o de capacidad de pago. Lo mismo sucede en nuestras finanzas familiares. No es lo mismo endeudarnos para comprar una casa, que topar la tarjeta de crédito en una noche de fiesta.

Así que prestemos atención a las propuestas de los candidatos y hagamos preguntas: ¿Cuánto costará? ¿De dónde saldrán los recursos para pagarlo? ¿Implicará mejoras en nuestra productividad como nación o simplemente le pasaremos la factura a las siguientes generaciones? Para lograr ese desarrollo incluyente a largo plazo, y para asegurar que sea sostenible, necesitamos gobernantes con un plan bien estipulado, donde se privilegie la capacidad de ejecución y la eficiencia en el gasto, de tal manera que se genere bienestar para todos los guatemaltecos. Mucho ojo, estamos a tiempo de decidir bien.