Es casi la media noche y ustedes van en su carro en dirección a su hogar. De repente, un motorista se estrella contra ustedes y se provoca un accidente fatal. Lamentablemente no hay claridad de quién es el culpable y las autoridades deciden detenerlos y llevarlos a tribunales. Un abogado los asiste inmediatamente y redacta un memorial para sacarlos del apuro, pero el abogado no tiene timbres forenses para adherir a dicho memorial. Por estar en horas inhábiles, no se pueden conseguir timbres a esa hora en ninguna parte de la ciudad por lo que ustedes quedan detenidos en las carceletas de tribunales. Una pesadilla.
Si el abogado hubiese podido comprar un timbre forense digital a esa hora de la noche, el desenlace habría sido diferente. El timbre de papel es un vestigio arcaico de un proceso obsoleto. Sin embargo, el mismo es requerido en todo tipo de procesos civiles, penales y hasta constitucionales. Hoy podemos hacer una transferencia electrónica para pagar una compra importante, como la de una casa. Sin embargo, el acta del crédito, el acta de compraventa, el acta de la hipoteca, etc. se mantienen como documentos físicos a raíz del timbre.
Otra de las situaciones en las que se necesita un timbre forense, es cuando los ciudadanos queremos ejercer el importante derecho de interponer amparos ante la Corte de Constitucionalidad. Esto lo debemos hacer con el auxilio de un abogado, quien debe adherir al memorial y otros escritos timbres forenses, los cuales por el momento deben hacerse de forma física. Los plazos del amparo son las veinticuatro horas, desde el momento de su notificación, cada minuto es importante. El abogado debe estar constantemente abastecido de timbres forenses para poder adherir a sus escritos y solicitudes. A la luz de la propuesta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, se podría sustituir el uso de un timbre físico por un timbre electrónico que vaya de la mano con la urgencia de los procesos y garantizar su eficiencia y celeridad.
El timbre forense aparece por primera vez en Guatemala, como un medio de recaudación del impuesto creado para los abogados y notarios mediante el Decreto 1401 del Congreso de la República. Este impuesto tiene como fin otorgar prestaciones sociales en beneficio de los Abogados y Notarios. Finalmente, en el Decreto Número 82-96 del Congreso de la República “Ley del Timbre Forense y Timbre Notarial” y su reglamento se regula el valor dicho timbre y los documentos afectos a este. El timbre forense se adhiere físicamente a memoriales, peticiones, demandas entre otras que se presenten a diferentes órganos jurisdiccionales en auxilio de un abogado.
Es así, como hoy en día vemos que los abogados en el ejercicio de su profesión deben emplear el Timbre Forense para poder auxiliar a sus clientes, por lo que se vuelve vital tener acceso inmediato a este. La propuesta actual, viene a satisfacer dicha necesidad con la modernización del procedimiento para la compra y utilización del timbre forense, y como en consecuencia agilizar y simplificar nuestro sistema de justicia, que paulatinamente ha ido evolucionando en favor de la digitalización.
La implementación del timbre forense electrónico conlleva el beneficio que se pagará directamente en los bancos, que a su vez deberá trasladarlo al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), evitando la hasta ahora intervención de terceros que puede llegar a desembocar su cobro en efectivo el timbre forense y falsificación. Con la propuesta del CANG, ahora al abogado se le generará un QR con el número de timbres que necesite para su documento afecto, que será compatible con los mecanismos del OJ y otras instituciones para su ágil verificación de validez. Esto obliga a la utilización de tecnologías en los trámites judiciales, permitiendo a los abogados hacer uso de las herramientas tecnológicas en el ejercicio de su profesión.
De ser aprobada esta propuesta, ahora la adquisición de los timbres forenses electrónicos sería a cualquier hora y desde cualquier dispositivo electrónico con acceso a internet, como una computadora o un teléfono inteligente, haciendo más ágil su obtención.
Además, contar con timbres electrónicos le permitirá a los abogados de nuestro país litigar en línea (prestar servicios en otros departamentos) y reducir costos de tiempo y logísticos, además de tener una mejor administración de la información para agilizar audiencias, contar con la información en tiempo real y desahogar procesos. En el caso de la justicia constitucional, también se facilitarían los procesos. Con el timbre electrónico, sería posible presentar amparos incluso hasta la media noche. Todo gracias a una imagen digital de un código QR.
Asimismo, con la implementación del timbre forense electrónico y sus beneficios que traerá al sistema guatemalteco, da paso a que el timbre notarial también pueda hacerse de forma digital y agilizar el pago de impuestos de contratos y otros documentos, que por ahora se pueden realizar únicamente mediante la adhesión de timbres notariales físicos.
Al agilizar la justicia civil, penal y constitucional, somos los ciudadanos los que saldríamos beneficiados por el timbre electrónico. Los próximos días son cruciales para que este proyecto sea una realidad en nuestro país. El 6 de diciembre a las 9 de la mañana se llevará a cabo la Asamblea Extraordinaria del Colegio de Abogados y Notarios en el Colegio de Profesionales. En esta se conocerá el reglamento para la implementación del timbre electrónico y este se someterá a votación. Los abogados y notarios tienen en sus manos la crucial decisión de aprobar o no el reglamento.
Hago un llamado a todos ustedes, mis lectores, para que aboguemos por esta causa. Hablemos con nuestros amigos abogados y conversemos sobre la importancia de esta iniciativa y el beneficio eminente en su ejercicio profesional. Animémoslos a votar “sí” por el reglamento. No podemos darnos el lujo de perder esta oportunidad de digitalizar nuestro sistema ¿Cuántos años tardará para que se vuelva a presentar una iniciativa como esta? De ser aprobado el reglamento, nuestra justicia cambiaría para bien y para siempre. Los procedimientos serán muchísimo más ágiles. Ya no habrá excusas para no avanzar en algún trámite. Pero si este reglamento no pasa, nuestra justicia se vería gravemente afectada y se obstaculizaría el avance que pueda tener nuestra Corte Suprema de Justicia en materia de digitalización de la justicia.
