En Guatemala se ha vuelto incierto transitar por calles y carreteras cuando empieza el invierno y su constante lluvia. Hace una semana un hundimiento en la ruta al Pacífico, cuyo tamaño ha incrementado considerablemente, ha dificultado el tránsito en el área y en zonas aledañas. Pocos días después, un derrumbe de abrumantes proporciones obstaculizó el paso en la carretera Interamericana, causando un terrible caos vial. Según la CONRED, 16 puentes (la mayoría en Chiquimula y Suchitepéquez) y cuatro carreteras (en Zacapa y San Marcos) han sido destruidos a raíz de la lluvia.

Me solidarizo con todos aquellos que perdieron sus cosechas al no poder llevarlas a los mercados, con aquellos que no pudieron llegar a sus trabajos a tiempo y con todos aquellos que tuvieron importantes pérdidas económicas debido a este colapso en la infraestructura. No es normal que este tipo de cosas sucedan con tanta frecuencia en cada temporada de lluvia. La infraestructura vial debería estar diseñada para resistir este tipo de fenómenos climáticos. Además, deberían existir rutas alternas y redundancia para el eventual caso en que algo sucede y hay que reparar algo. No puede ser que todo se paralice. Estos eventos son consecuencia de la pobre infraestructura que tenemos en el país. ¿Qué más estamos esperando para darnos cuenta de que el actual modelo para desarrollar infraestructura no sirve?

El colapso de varias carreteras causa no menos de tres impactos en el comercio nacional y de exportación

En el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, nuestra infraestructura sobresale como uno de los cinco factores más problemáticos para hacer negocios en nuestro país. El estado deplorable de nuestra infraestructura incrementa innecesariamente el costo de los productos debido a la pobre logística, siniestralidad y pérdida de tiempo. Según estimaciones de Fundesa, la porción del costo de los productos, relacionado a su tránsito a través de la red vial, es de 29 por ciento. En países de la OECD este costo es de 9 por ciento y en el resto de Latinoamérica es 18 por ciento. A ese sobreprecio le deberíamos nombrar el “impuesto a la incompetencia y falta de inversión vial”. Es totalmente injusto y nos afecta a todos.

Si queremos cambiar esta situación es imperante que aumente la cantidad, calidad y disponibilidad vial. Lamentablemente, en Guatemala apenas contamos con un metro de red vial por habitante. Esto contrasta con la situación en países como Costa Rica, en donde hay casi 9 metros de red vial por habitante. El problema de fondo es un sistema de compras y contrataciones de infraestructura vial que es obsoleto. Un síntoma evidente de ello son las acusaciones por actos de corrupción a 11 recientes exministros de comunicaciones. El marco actual no es rescatable, ha sido copado totalmente por la cleptocracia.

 

Claramente necesitamos una nueva lógica y marco legal que atienda: (i) las deficiencias del actual sistema, el cual no cuenta con mecanismos para resolver derechos de vía, construcción de túneles, entre tantas otras cosas, (ii) reduzca los incentivos de corrupción, incorporando modelos donde el desarrollador es responsable del mantenimiento y remozamiento de las obras, y (iii) creando una nueva institucionalidad libre de vicios. Hemos avanzado, pero estamos lejos de donde queremos estar. En los últimos tres años, se han construido 362 km de red vial por año. Esta cifra supera los 72 km por año que se construyeron de 2016 a 2019. Sin embargo, esa cifra debería ser, como mínimo, 2000 km por año. A eso debemos sumarle la carencia de inversión en puertos y aeropuertos. Claro que también falta salud, nutrición y educación. El gran cuello de botella sigue siendo la inversión pública respecto al PIB que es de las más bajas del mundo, actualmente llega a 1.8 por ciento.

 

Es simple: nuestra actual infraestructura limita nuestro desarrollo. Atender el cuello de botella de la infraestructura implicaría un gran avance para nuestra nación. Potencializaría a miles de pequeños y medianos agricultores, fabricantes y comerciantes, para quienes hoy el costo de distribución dentro de nuestro propio país se ha vuelto prohibitivo, impulsaría el turismo local e internacional, permitiría un mayor acceso a servicios básicos de salud, conectaría todos los rincones de nuestro país, etc.

 

Requerimos de un nuevo modelo para desarrollar infraestructura a la escala y niveles de transparencia requeridos. Ojalá el colapso vial de las últimas semanas nos motive a replantearnos esta situación e incentive a nuestras autoridades a hacer las cosas de manera distinta, en especial a impulsar las leyes y reformas normativas para el desarrollo de infraestructura. No podemos darnos el lujo de esperar un invierno adicional para aprobar la iniciativa 5431, Ley de Infraestructura Vial, como la forma para resolver esta situación que nos afecta a todos. Mientras no hagamos nada, cada invierno será la misma triste y lamentable historia.