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Llevamos más de ocho meses sin cortes debidamente electas. Desde noviembre de 2019 he advertido sobre los riesgos de postergar la elección de magistrados a Cortes de Apelaciones (CA) y Corte Suprema de Justicia (CSJ). Dichas entidades integran el poder judicial dentro de los tres poderes del Estado.  

 

El accidentado proceso de elección ha sufrido un sinfín de situaciones, desde reuniones “bajo de agua” entre personas vinculadas a la política del país para presuntamente incidir en tales nombramientos, la provisión de amparos dilatorios por parte de nuestra Corte de Constitucionalidad (CC), y ahora se le suman las complicaciones derivadas de la pandemia de Covid-19.

 

Sin embargo, los próximos días serán decisivos para la culminación (¡Ojalá!) de estos procesos. Ayer el diputado Armando Castillo, Tercer Vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso, anunció que la Comisión Permanente respetará los plazos para elegir Cortes e indicó que se convocará a sesión plenaria para poder hacerle frente a esta obligación. Hoy inicia el plazo de cinco días para que el Congreso elija a los 13 Magistrados de CSJ y 270 para Salas de Apelaciones. Tras ello, el martes 23 de junio es la fecha límite para que nuestras autoridades del Congreso elijan, de una vez por todas, magistrados. Solo nos queda esperar que así sea y que cumplan con sus obligaciones.

 

Me parece oportuno que hagamos una breve revisión de los hechos que nos hicieron llegar a este punto. El error original fue que la CC tratara de extender artificialmente los plazos, dejándose llevar por una serie de artimañas. Existía el precedente del Expediente 4639-2014, en el cual la misma CC dictó sentencia sobre la inamovilidad de las fechas de renovación de las cortes. El contradecirse a si misma nos condujo hacia un callejón sin salida. La historia narra una versión muy clara del deteriorado resultado, producto de la extensión artificial de los plazos.

 

Como un metal que se dobla y se trata de volver a enderezar, lo único que lograron fue corrugarlo y debilitarlo. Esto nos ha dejado durante meses con una corte que no es “ni chicha, ni limonada”. Una corte que no opina, no resuelve, no hace. No cumplen debidamente sus funciones porque los mismos magistrados tienen cierto grado de nerviosismo, ya que dudan de la legitimidad de la extensión en sus puestos. No saben si alguna resolución que lleven a cabo podrá ser cuestionada, por el simple hecho que están en destiempo. La justicia se ha visto paralizada.

 

Independientemente del proceso actual, es importante que se retomen las discusiones sobre las reformas que son necesarias para mejorar el proceso de la elección de las cortes. Esta discusión no puede ser a la ligera. Son reformas tan importantes que deben ser discutidas detenidamente. De ello depende la funcionalidad de los tres poderes del Estado.

 

Estoy seguro que, cuando nuestros próceres redactaron nuestra Constitución, se imaginaron que introducir a la academia al proceso de comisiones de postulación elevaría la calidad de la discusión y la alejaría de la política. Pero, en vez de insertarle un tinte académico al proceso, se politizó la academia. Por situaciones como esta surge la necesidad de analizar esas posibles consecuencias imprevistas. Debemos anticipar tales consecuencias imprevistas y tratar de encontrarles una solución.

 

Si todo sale bien, en aproximadamente cinco días nuestro Congreso habrá electo a los magistrados que liderarán las más altas cortes de nuestro país. Quiero decirles a nuestros futuros magistrados que no se deben a nadie mas que a Guatemala. Independientemente de lo accidentado que ha sido este proceso hasta el momento, a partir de nombramiento oficial, su responsabilidad y obligación es servir al país, sin preferencias ni favoritismos. Como ya he escrito anteriormente, la dama de la justicia lleva sus ojos vendados justamente porque la justicia debe ser aplicarse a ciegas, sin injerencia alguna.