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Está pasando prácticamente desapercibido el hecho que uno de los poderes más importantes de nuestro país haya sido decapitado. Nos estamos quedando sin las más altas cortes y nadie hace nada. Un Estado de derecho sólido, con cortes fuertes e independientes, es un pilar fundamental de nuestra democracia y nuestro desarrollo. ¿Qué pasaría sin ellas?

El artículo 32 de la Ley de la Carrera Judicial (reformada en 2016) indica que todos los jueces y magistrados deben ser sometidos a un proceso de evaluación de desempeño. Dicho reglamento de evaluación tendría que haber sido presentado un año después de la vigencia de esta ley, es decir en noviembre de 2017. El Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) era la entidad responsable de velar por ello. Sin embargo, ningún reglamento fue presentado a tiempo.

La Constitución y la Ley de Comisiones de Postulación establecen los plazos en que se deben elegir los magistrados a las altas cortes. Estos plazos son fatales y definitivos. Pero, además, para que un proceso de evaluación sea efectivo, sus mecanismos se definen antes de cualquier medición. Es un despropósito tratar de decidir tales parámetros a destiempo, mucho menos cuando la misma Corte Suprema de Justicia (CSJ) está involucrada. Esto no tiene sentido. Si la CCJ no hizo lo que tenía que hacer en su momento, se deben aducir responsabilidades.

 

Todo comenzó con dos amparos (presentados meses atrás) que nuestra Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó provisionalmente el 16 de septiembre de este año, en el momento menos indicado y con una serie de vacíos legales. Esto provocó la anulación de la elección de magistrados y la paralización del proceso. El 17 de septiembre la secretaría de la Comisión de Postulación de la CSJ suspendió por completo el cronograma estipulado previamente, el cual contemplaba enviar nóminas y demás documentación correspondiente al Congreso el lunes 23 de septiembre.

 

La CC entonces ordenó “reconducir el procedimiento y dotarlo de seguridad y certeza jurídica”. Para ello le exigió al CCJ efectuar las evaluaciones de desempeño y remitir a la Comisión de Postulación la nómina de aspirantes con expedientes completos y evaluaciones efectuadas en un plazo “que no exceda 48 horas”. Es funcionalmente imposible tratar de resolver en 48 horas lo que (por dejadez) no hemos hecho en dos años.

Por su parte, el pasado martes autoridades de la CCJ indicaron que necesitan al menos 220 días hábiles para llevar a cabo el proceso de evaluación de desempeño. Pero, además, se destapó una olla de grillos cuando la CCJ dio a conocer que había presentado a la CSJ una propuesta del reglamento que se necesita. La magistrada del CSJ, Silvia Valdés, dijo que tal borrador contenía una serie de puntos que eran inconcebibles de aprobar. Por ejemplo, el alquiler de una propiedad, compra injustificada de equipo de cómputo, contratación de más personal (96 personas), cobro de dietas sumamente elevadas, entre otros.

En fin, como decimos en buen chapín, solo chambres. A mi criterio, hay una cosa que está muy clara: existe una responsabilidad ineludible del CCJ que debe ser evaluada por las autoridades competentes. El pretender ahora arrancar con un proceso de evaluación es un despropósito que viola una ley superior, nuestra Constitución. Según fallos precedentes de la propia CC en los expedientes acumulados 4639-2014, 4645-2014, 4646-2014 y 4647-2014, la fecha en que prescribían estos mandatos de los actuales magistrados era el 12 de octubre de 2019. Tal y como indican estas sentencias firmes, lo que procede es nombrar jueces para que “tomen posesión de sus cargos a la brevedad posible”.

Es importante que tomemos en cuenta que han sido aproximadamente 17 procesos que han sucedido bajo la actual Ley de Comisiones de Postulación, una ley que pretendía darle mayor rigor académico a los procesos de elección de las distintas autoridades de nuestro país. Pero, en la práctica, lo que ha sucedido es una politización de la academia. Después de los procesos vividos, distintos actores han apuntado oportunidades de mejora para esta ley, incluyendo el tema de la evaluación por parte de la CCJ. Ciertamente se requieren cambios, pero estos no se pueden hacer a la carrera.  Se deben analizar minuciosamente los cambios propuestos, haciendo la reflexión profunda que un texto de esta envergadura amerita.

Pidamos a la CC que actúe en defensa de nuestra Constitución y nos provea una salida legal. Es cierto que se debió hacer una evaluación, pero la medicina que se está aplicando está generando más problemas, más vacíos legales y desorden que dicha falta de evaluación. Ojalá nuestras autoridades logren encontrarle una salida que de viabilidad al trabajo de las Comisiones de Postulación lo antes posible. Guatemala no puede quedarse sin cortes. No dejemos que nuestro sistema de justicia se quede a la deriva.