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La corrupción ha sido un cáncer que, por muchos años, ha debilitado a nuestras instituciones y su capacidad de ofrecer los servicios que nos merecemos. ¿Cuánto mejor serían nuestros sistemas de salud (que hoy ha mostrado su gran fragilidad), de educación, de seguridad ciudadana y de justicia, sin estar invadidos por el cáncer de la corrupción? ¿Cuánto mejor serían nuestras carreteras o sistemas de transporte público? Hoy la emergencia del Covid-19 nos ratifica la debilidad institucional de nuestro sistema. La corrupción es una de nuestras debilidades más grandes.   

La corrupción tiene un efecto directo en nuestra calidad de vida como individuos y en nuestra capacidad de prosperar como nación. Hasta la fecha, el indicador de referencia para medir la corrupción en nuestro país era el Índice de Percepción de Corrupción, el cual es interesante, pero solamente mide percepciones. Recientemente la Sociedad de las Américas/Consejo de las Américas (Mejor conocido como AS/COA por sus siglas en inglés), junto a la agencia de consultoría internacional, Control Risks, publicaron la segunda edición del Índice sobre la Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC).

 

El CCC mide la capacidad de los países en Latinoamérica para descubrir, castigar y prevenir la corrupción. Este índice presenta un ranking de la efectividad que tienen los países de la región para combatir este cáncer, ponderando 14 variables como la independencia judicial de las instituciones, capacidad del periodismo de investigación, los recursos disponibles para combatir crímenes de “cuello blanco”. Para ello se nutren de mediciones de Control Risks, sociedad civil, sector privado y medios de comunicación.

 

En el caso de nuestro país, tenemos un punteo de tan solo 4.04 sobre 10, ocupando así el puesto 11 de los 15 países que participaron en la medición. Desafortunadamente, hemos retrocedido en algunos de los subíndices. Por ejemplo, tuvimos una caída del 15 por ciento en la subcategoría de Capacidad Legal. Una de las cosas principales que necesitamos para luchar efectivamente contra la corrupción, son las sentencias firmes para criminales de cuello blanco. ¿Cómo es nuestra capacidad para dictar tales sentencias?

Una herramienta que nos ayuda a contestar esa pregunta es el Flujograma de Justicia Criminal. Este es un esfuerzo de Fundesa y la Coalición por la Seguridad Ciudadana de Mejoremos Guate, con el apoyo del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN). El Flujograma es una herramienta que mide los niveles de eficiencia de las instituciones de seguridad y justicia (Policía Nacional Civil, Ministerio Público, Organismo Judicial, Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Instituto de la Defensa Público Penal y Sistema Penitenciario) y del sistema en su conjunto. Ayer fue presentada la actualización de dicha herramienta.

 

Según los resultados del flujograma para el 2019, hubo una mejora marginal en la eficiencia del sistema, liderada por el Ministerio Público. La eficiencia global para el 2019 es de 32.3 por ciento. Esto significa que, por cada 100 casos que entran al sistema, se les da salida a 32 de ellos. Respecto al 2018, hubo una leve mejora del 0.60 por ciento. El resto de las entidades de nuestra cadena de seguridad y justicia, se han estancado. Este 2019 dejamos de avanzar a la velocidad requerida.

Recientemente han salido a relucir esfuerzos por incidir en la elección de las cortes a través de todo tipo de artimañas. Esa es la vía de la erosión institucional. Mientras que el Flujograma incide en la justicia por la vía de su fortalecimiento institucional. Con un esfuerzo sistemático y permanente se venían incrementando los indicadores de eficiencia locales de cada entidad que integra la cadena de justicia criminal y, por consiguiente, elevando el nivel de eficiencia global de toda la cadena.

 

Sin embargo, el Covid-19 ha venido a generar un corcho artificial sobre una botella llena de vinagre y bicarbonato. O se libera el corcho o reventará la botella. Esta pandemia ha provocado la cancelación de más de 37 mil audiencias, lo que representa un enorme riesgo, ya que ha generado una represa. Ciertamente necesitamos implementar reformas de raíz e impulsar una coordinación interinstitucional que nos ayude a lograr eso cambios de fondo. Algunas de las acciones a llevar a cabo son: (i) el diseño de un plan estratégico de mediano y largo plazo, para mejorar la justicia criminal de nuestro país, (ii) incorporar la tecnología en nuestras instituciones, así como también digitalizar el Flujograma de Justicia Criminal para facilitar la retroalimentación y mejorar el desempeño institucional durante todo el año, (iii) elaborar un estudio para identificar los cuellos de botella del sistema para desarrollar una estrategia de mejora y transparencia para la ciudadanía, entre otros.

 

Los cambios que necesita nuestro sistema son de fondo. De lo contrario, no lograremos llegar a ser la nación que queremos ser. Nuestras falencias como sistema, y la corrupción, siendo una de ellas, se desnudan y se hacen evidentes a raíz de la crisis del Covid-19. ¿Cómo podemos lograr ese sistema de justicia eficiente y efectivo para vencer a la corrupción? Necesitamos vencer la corrupción, ya sea con la emergencia del Covid-19 o sin ella.