El coronavirus vino a “coronarse” como la crisis que inauguró el 2020. A todos nos da pánico que este virus llegue a nuestras fronteras. Los síntomas son fatales y la cifra de decesos ya supera las 500 personas. Cada día son más y más las víctimas de este virus, y la situación no parece mejorar. La emergencia ha sido tal que las autoridades en China construyeron un hospital de gran envergadura en 10 días, mientras que en Guatemala llevamos más de una década sin construir ni uno solo.

Está de sobra decir que, en nuestro país, definitivamente, no estamos preparados para atender una crisis como esta. De hecho, no estamos ni preparados para atender a nuestros pacientes actuales, mucho menos para hacerle frente a lo que un virus como el coronavirus puede ocasionar.

 

Desde hace años, en Guatemala enfrentamos nuestras propias crisis en temas de salud. Una de las más grandes y desgarradoras son los altos niveles de desnutrición crónica infantil (DCI) que afecta a nuestra población. De hecho, somos el país de la región con la mayor tasa de DCI, en la cual 1 de cada 2 niños sufren de este flagelo. Ellos se convierten en víctimas para toda su vida, con un daño irreversible en su cerebro, desarrollo emocional y desarrollo físico. Este trágico escenario afecta a todo el país por igual ya que, con una población sumamente afectada, no podremos avanzar.

En consecuencia, durante años, todos los gobiernos que hemos tenido han ofrecido atender esta emergencia con la urgencia que merece. Esperemos que el ofrecimiento del presidente Alejandro Giammattei no sea una promesa vacía. Hace unos días, su gabinete anunció que la readecuación del presupuesto permitirá definir la cantidad de recursos con la que se cuentan para poder implementar acciones concretas. Sin embargo, es importante que entendamos que el eslabón central para poder atender esta crisis es el primer nivel de salud, el cual se encuentra totalmente desatendido y desfinanciado, prácticamente inexistente.

 

De acuerdo con datos del Ministerio de Salud, en toda la república existen 1,405 puestos de salud. En la última década, la mayoría de ellos han enfrentado problemas de infraestructura, desabastecimiento y falta de recursos. Afortunadamente la administración pasada empezó el rescate del primer nivel de atención, pero aún falta mucho por hacer.

 

Otro gran problema que ha afectado a el país es el desabastecimiento en la red de hospitales públicos. No es sorpresa que existen decenas de personas que día a día mueren en estos lugares porque, simple y sencillamente, no hay cómo atenderlos. Sin embargo, hubo avances en ese sentido gracias a la colaboración de sectores de sociedad civil. Junto a Fundesa, el pasado gobierno, implementó el “Proyecto para la eficiencia en gestión de inventarios de medicamentos en la red nacional de hospitales”. Gracias a dicha iniciativa se elevó el nivel de disponibilidad de medicinas, logrando que este se mantuviera entre 70 y 90 por ciento en toda la red de hospitales (45). Ello permitió un ahorro acumulado en cuatro años de Q250 millones, gracias a una buena gestión de inventarios que además evitó sobreabastecimientos.

 

Es de aplaudir que ya se estén tendiendo puentes de colaboración entre nuestras autoridades y aliados para reestablecer el primer nivel de salud, y así gestionar más eficientemente los inventarios de esta Dirección, así como se trabajó para lograr el abastecimiento de la red hospitalaria. Estas alianzas son fundamentales para que salgamos adelante.

 

 

Pero, para nadie es noticia que en Guatemala existe una mafia detrás de la compra de medicamentos. Este tema ha resurgido en la mesa de discusión luego de que varios especialistas de salud han denunciado los abusos que existen. No hay datos oficiales para conocer el nivel de corrupción que hay en todo esto, pero se estima que en nuestro país los medicamentos cuestan 300% más que otros países en la región. Hace unos días se dieron a conocer sospechas sobre irregularidades en los registros sanitarios de los medicamentos, lo cual da lugar a compras anómalas. Esto es un completo abuso por parte de estas sanguijuelas del Estado.

No podemos permitir que miles de guatemaltecos sufran (o mueran) día a día por una mala gestión de nuestras autoridades de salud. No podemos permitir que uno de cada dos niños de nuestro país vea su futuro truncado por sufrir de DCI. No podemos permitir que los guatemaltecos tengamos que pagar tres veces más lo que cuesta una medicina para poder cuidar de nosotros mismos o nuestros seres queridos. Esperemos que el presidente tome las cartas para resolver estos nocivos temas de corrupción y que, además, se rescate nuestro primer nivel de salud. Ojalá que cumplan con esa prioridad que ellos mismos se han autoimpuesto y que se destinen los recursos necesarios para lograr los cambios que tanto urgen.