“La peor crisis en los últimos años”, así calificó la PDH a la crisis hospitalaria que vivimos actualmente en Guatemala. El colapso del sistema de salud, a raíz de un pacto colectivo extorsivo, ha ocasionado un sufrimiento inmensurable en los guatemaltecos. Para muchos, el daño será irremediable y vale la pena que analicemos esta problemática a fondo.
En primer lugar, el pacto colectivo del Ministerio de Salud Pública incluye ciertas condiciones que son, a todas luces, impagables para el Estado de Guatemala y a su vez están totalmente fuera del mercado. Por ejemplo, el haber aumentado los días de vacaciones del personal de esta cartera a 30 días hábiles, no solo supone el pago de este aumento de descanso, sino que también buscar personal que los reemplace y que a su vez también gocen de este tipo de privilegios. Sin duda alguna, esto atenta al bienestar de los guatemaltecos y sus derechos más fundamentales. Desfinanciar a la cartera de salud por hacerle frente a compromisos pactados imposibles de cumplir, ha provocado el cierre y colapso de nuestros hospitales, además del desabastecimiento de medicamentos, poniendo en riesgo la vida de muchos guatemaltecos.
En segundo lugar, este pacto colectivo es nocivo ya que nos perjudica a todos. No solo nos ocasiona un daño a un nivel material, sino también moral. Debido al estado de emergencia que el pacto ha provocado, se están desviando recursos importantes para hacerle frente a estos compromisos. Lamentablemente, lo que se sacrifica es disponer de dichos recursos para el servicio de los guatemaltecos, como supuso ser el desabastecimiento de vacunas hace algunos meses. El dejar de priorizar temas de salud preventiva, nos puede representar altísimos costos materiales y estaremos pagando una factura más alta durante un tiempo más largo. El costo de dejar de vacunar nos pudo haber salido muchísimo más caro que haber priorizado las vacunas desde un principio. Por tanto, no es sano, mucho menos ético, que se tomen este tipo de decisiones totalmente aisladas de los intereses y prioridades del país.
Finalmente, el pacto colectivo vigente es contrario a la Constitución Política de la República y la legislación de nuestro país. Según el artículo 15 del Acuerdo Gubernativo 543-2013, es obligación que las autoridades pertinentes soliciten al Ministerio de Finanzas un dictamen que valide que “cuentan con los recursos para garantizar la sostenibilidad del financiamiento necesario, que la negociación es técnicamente aceptable en gestión de recursos humanos y que no contraviene las disposiciones y estructura de salarios prevalecientes”, para hacer efectivo cualquier tipo de pacto colectivo. La aprobación de este pacto se hizo sin el requisito del análisis técnico, cuya ausencia es una ilegalidad en sí mismo. Aun y sin este análisis técnico, es evidente que las prestaciones pactadas, como el goce de 30 días de vacaciones y el aumento desproporcionado de salarios, exceden las condiciones prevalecientes en Guatemala. Me pregunto, ¿cómo es posible que a causa de intereses de unos pocos, se contravengan las leyes y el bienestar del resto de los ciudadanos?
Es importante que todos estemos al tanto que este pacto colectivo se realizó en medio de una dinámica política que no atendía los mejores intereses de Guatemala ni de sus ciudadanos, sobretodo aquellos que dependen del sistema público de salud para resguardar su vida o buscar su bienestar. Guatemaltecos, la ley funciona para protección de todos. Hoy la ley tiene que velar por restablecer el acceso a la salud pública. No podemos ignorar esta crisis.
Este es un llamado de urgencia nacional. Es prioridad que las autoridades competentes hagan valer la ley y que, en consecuencia, se declare la nulidad de este pacto colectivo. Además, es de suma importancia que se reevalúen las prestaciones de estos servidores públicos y que se re negocien las condiciones de trabajo estipuladas allí. Todo ello debe hacerse tomando en consideración las condiciones de pago, las condiciones del mercado de Guatemala, la ley de servicio civil y las necesidades y circunstancias del Estado de Guatemala.
Debemos cuestionarnos ¿cómo un ministro pudo comprometer a todo el Estado en cosas que no podía cumplir? Quiero dejar muy claro que en ningún momento cuestiono la legitimidad de búsqueda de mejores salarios para los servidores públicos. Lo que sí me parece cuestionable es que dicha búsqueda se convierta en un proceso extorsivo, en donde se ponga en riesgo la vida y bienestar de muchos guatemaltecos. No podemos permitir que intereses perversos pasen por encima del de todos los guatemaltecos. Debemos agotar todos los recursos necesarios para que prevalezca la ley y para que la voz del pueblo no sea burlada una vez más. ¡Unámonos!
