Como es de costumbre cada diciembre, Transparencia Internacional presentó los resultados del Índice de Percepción de Corrupción (IPC).
Con un puntaje de 32, Guatemala ocupa el puesto 115 de los 175 países evaluados. A diferencia del año pasado, nuestro país aumentó su calificación tres puntos y logró ascender ocho posiciones en el listado. El haber mejorado es positivo. A pesar de ello, estamos lejos de poder congratularnos al ser todavía el 7mo país más corrupto de Latinoamérica.
Esto no es sorpresa alguna. Durante el 2014 salieron a luz distintos actos de corrupción en múltiples rincones del gabinete del gobierno, así como en el Legislativo.
Por un lado, los medios han evidenciado en repetidas ocasiones las negociaciones bajo de agua que se llevan a cabo en el Congreso de la República para aprobar diversas leyes. Por el otro, a finales de octubre, el Presidente Pérez Molina destituyó a dos miembros importantes de su cartera – un ministro de Salud y un interventor de la Dirección General de Migración -, por supuestas anomalías en el manejo de recursos públicos.
No obstante, cabe resaltar la serie de esfuerzos que el país ha realizado para reducir este flagelo. Existen ciertos avances en la creación y aplicación de herramientas electrónicas, así también como en la suscripción de convenios con instituciones internacionales para dar seguimiento a los bienes ilícitos. En concreto, algunos de los mecanismos empleados son: la integración de la Fuerza de Tarea contra la Corrupción, el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública en todas las entidades del Organismo Ejecutivo, la implementación del Gobierno Abierto y del Gobierno Electrónico, entre otros.
Sin embargo, aún hay mucho por hacer en temas de transparencia. Ello para que prevalezca el Estado de Derecho, ya que esa es la base para lograr un mayor desarrollo. El IPC es un insumo a la hora de evaluar inversiones en Guatemala. Por tanto, es importante que estemos conscientes que la corrupción no solo debilita las instituciones del Estado, sino también afecta la economía nacional. Un país donde la ley y el orden no impera, no prospera.
No es secreto que a lo largo de los años, en las distintas administraciones que nos han gobernado, este cáncer ha ido enfermando decidida y paulatinamente todo el sistema. Lo preocupante es que hoy la corrupción ya no se da a puerta cerrada como antes. Ahora se muestra abiertamente, al punto que aparece en el Presupuesto de la Nación en concepto de aportes injustificados a ONG’s. Un gobierno que está permeado por la corrupción y sus derivados –tráfico de influencias, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, etc.- no vela por los intereses de la ciudadanía, ya que es dirigido por funcionarios que buscan su enriquecimiento personal. ¿Cuántas escuelas se dejan de construir a causa de un soborno en aduanas?, ¿cuántos empresarios abandonan el país al frustrarse por la inoperancia del Sistema Judicial? ¿cuántos pacientes de un hospital público se quedan sin medicinas debido a una ley aprobada sin la debida deliberación o la evasión de impuestos? Me parece que el costo que asumimos cada uno de nosotros es altísimo. Particularmente cuando se le suman los daños colaterales que todo esto conlleva.
Los guatemaltecos no podemos permitir que persista la corrupción. No obstante, no llegaremos a resolver este problema si no reconocemos que su combate está en nuestras manos, ya sea como miembros de familia, líderes empresariales o comunitarios. Es nuestro deber fortalecer el Estado de Derecho, reclamar un gobierno transparente y eficaz en el uso de recursos, además de velar por un Sistema de Justicia eficiente que trabaje por el pronto cumplimiento de la ley y la certeza de castigo. Concretamente, por nuestra parte, podemos exigir que se lleven a cabo sentencias y castigos reales para quiénes han perpetuado actos de corrupción. El gobierno, por su parte, tiene el deber de fortalecer la Fiscalía Anticorrupción para que muestre resultados concretos. Recordemos que la percepción de corrupción disminuye conforme los ciudadanos identifican acciones mitigantes, se les ofrece una adecuada rendición de cuentas, tienen un marco certero al hacer sus inversiones, etcétera.
La abrumadora mayoría de guatemaltecos somos víctimas de este crimen. Aunque los resultados del IPC indiquen cierta mejora, en Guatemala aún hay mucho por hacer. Velar por disminuir los niveles de corrupción conlleva muchos más beneficios de los que podemos avizorar. Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, expresó el pasado 9 de diciembre en el marco del Día Internacional Contra la Corrupción: “eliminar la corrupción y sus efectos perniciosos será fundamental para nuestro bienestar futuro. El mundo y sus habitantes ya no pueden afrontar el gasto que representa la corrupción ni tolerarla”. ¿Hasta que punto permitiremos que este cáncer continúe enfermándonos?
