Recientemente este avispero fue agitado desde Estados Unidos a través de su Ley de Asignaciones Consolidadas 2014. Dicha legislación condiciona, no solo el apoyo directo de Estados Unidos hacia Guatemala sino también el voto de Estados Unidos ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Mundial, a la evaluación de su Secretario del Tesoro sobre los avances sobre el plan de resarcimiento de las comunidades afectadas por Chixoy. Y, como si no fuese suficiente, le agregan la condicionante sobre resolver las adopciones de niños guatemaltecos por padres estadounidenses. Es un doble golpe que efectivamente le corta el flujo de financiamiento al gobierno de Guatemala.
El Presidente y la Vicepresidenta han expresado públicamente que dicho resarcimiento es “imposible de realizar”, ya que los Q1.2 millardos que son estipulados en el plan no están disponibles por falta de recursos. Mientras tanto, personajes del gobierno estadounidense han desaprobado la postura de los mandatarios, quienes afirman que el Congreso de dicho país está ejerciendo una “presión sistémica” contra Guatemala, para restringir ayuda económica y militar desde 1977.
La postura que ha optado Estados Unidos es absurda si consideramos el hecho que un acuerdo de Estado para el resarcimiento nunca fue firmado. El borrador de acuerdo se presentó durante el gobierno del ex presidente Álvaro Colom, aunque nunca llegó a convertirse en acuerdo gubernativo porque dicha compensación suponía una deuda a diez años plazo. Para convertirse en un compromiso de Estado debió aprobarse en el Congreso y esta iniciativa ni siquiera llegó al Legislativo.
No voy a negar que me parece bueno que haya un proceso de reparación cuando el Estado a cometido un agravio, sobretodo en materia de Derechos Humanos. En su momento y, quizás a la fecha, Chixoy ha sido un escenario de escasez y sufrimiento. Es innegable que los guatemaltecos deben solidarizarse con quienes hayan sido afectados. Pero el resarcimiento debe de ser conmensurado al daño y no debe implicar que los excedentes sean saldados por esta y futuras generaciones de Guatemaltecos. En un contexto de escasez de recursos y déficit fiscal, esta carga adicional necesariamente compite con prioridades como educación y desnutrición crónica, temas que afectan al futuro de toda nuestra nación.
Es importante resaltar que, de polo a polo, el mundo es testigo de un sinfín de crímenes contra la humanidad, sobretodo en materia de Derechos Humanos. A pleno siglo XXI vemos desde esclavitud “moderna” en Mauritania (4% de su población), hasta la mutilación genital femenina en 28 países de África, en varios grupos de Asia meridional y oriental. Sin embargo, Estados Unidos no aplica a estos actuales violadores de Derechos Humanos las mismas leoninas restricciones que ha decidido aplicar a Guatemala por un evento que sucedió hace más de 30 años. Yo me pregunto, ¿está Estados Unidos consciente del daño que le hace a nuestro país?
El tamaño de la “falta” y la drasticidad de la medida aplicada parecieran ser absolutamente incoherentes, particularmente si tomamos en cuenta que el Estado de Guatemala nunca adquirió este compromiso de resarcimiento y que, entre 1980 y 1995, el INDE pagó más de Q55millones a los afectados. ¿Es la política de Estados Unidos coherente al no aplicarle este tipo de sanciones a países cuyas faltas, hoy por hoy, son de mayor calibre? Quiénes manejan las relaciones diplomáticas y comerciales entre dos naciones que han sido amigas, ¿están conscientes que las implicaciones de estas acciones serán alejar a Guatemala como aliado? En ese sentido, me parece que el Presidente Pérez Molina tiene la razón al permanecer firme respecto a la soberanía e independencia de Guatemala. Nuestro país tiene sus derechos y su propia legislación.
Aparentemente este tema es suficientemente importante para nuestros amigos del norte. El subsanar este bache también lo debe de ser para los Guatemaltecos. Quizás la ruta para resolver el problema sea el trabajo conjunto en lugar de las actuales presiones cuestionables.
