El martes pasado, el Congreso de la República vivió una jornada que podría marcar un precedente importante para la democracia guatemalteca. Un día que comenzó con indignación y terminó con una victoria ciudadana. Un día que nos recordó que el poder emana del pueblo, aunque algunos parezcan olvidarlo.
Todo inició semanas atrás, cuando se hizo público el escandaloso aumento salarial que los diputados se habían aprobado a sí mismos: un alza de Q20 mil, elevando sus ingresos mensuales a cerca de Q66 mil. Esto equivale a más de 16 salarios mínimos. Una cifra ofensiva en un país lleno de contrastes, donde millones viven con lo justo (o menos) y donde el acceso a servicios básicos sigue siendo ausente en muchos rincones de la nación.
#Legislativo | El diputado independiente de la cancelada bancada Semilla, Samuel Pérez, se pronunció sobre el anuncio de la Junta Directiva del Congreso referente al aumento salarial de los diputados. Señaló que la Junta Directiva solo puede suspender dicho incremento, ya que se… pic.twitter.com/rMfqugYZah
— TVGT Noticias (@TVGTNoticias) March 26, 2025
Los diputados trataron de pasarse de listos. Era un secreto a voces que este aumento fue una “moneda de cambio” para lograr la reciente aprobación del presupuesto más abultado y desfasado de la historia de nuestro país, un presupuesto que, además, están siendo incapaces de ejecutar. Peor aún, algunos intentaron minimizar su responsabilidad con declaraciones que resultaron insultantes para la inteligencia ciudadana, como afirmar que “iban a donar el salario” o que “no estaban de acuerdo, pero igual lo recibirían”. Como si abdicar de su función legislativa o regalar parte del sueldo resolviera el problema de fondo: que los 160 diputados están recibiendo el beneficio. Trataron de ocultar lo obvio, que se sirvieron con la cuchara grande y lo hicieron a espaldas de quienes los eligieron.
La reacción del pueblo no se hizo esperar. Organizaciones sociales, líderes comunitarios, medios de comunicación y ciudadanos en redes sociales alzaron la voz. Los 48 Cantones viajaron a la capital para exigirle a las autoridades, no solo la derogación del acuerdo, sino también la devolución del dinero ya cobrado y una revisión de los salarios de todos los funcionarios públicos. Por su parte, el Movimiento Cívico Nacional, activó una recolección de firmas que en pocos días reunió más de cinco mil.
Ver esta publicación en Instagram
Sin duda, la indignación de todos hizo al Congreso reaccionar. Este martes por la tarde, en una conferencia de prensa, la Junta Directiva del Congreso anunció la suspensión del aumento salarial. Una decisión que, aunque insuficiente para reparar el daño causado, representa un triunfo para la ciudadanía organizada.
Este episodio deja varias lecciones. La primera es que la presión ciudadana, cuando se ejerce de forma pacífica, informada y articulada, sí puede lograr cambios. La segunda, que las instituciones deben estar al servicio del bien común, y no al beneficio personal de los servidores públicos. Y la tercera, quizás la más importante: que no podemos bajar la guardia.
La fiscalización ciudadana no es una moda ni una reacción ocasional ante la indignación. Es una tarea constante, un deber democrático. Solo una ciudadanía atenta, crítica y activa puede garantizar que la cosa pública represente verdaderamente los intereses de todos, y no los intereses particulares de quienes hoy ocupan un curul.
Que este capítulo nos inspire a seguir vigilantes, a seguir alzando la voz cuando se pretenda abusar del poder, y a seguir creyendo que una Guatemala más justa es posible si la construimos juntos. La democracia no se defiende sola: necesita de todos nosotros.
