Desde octubre 2023, cada vez que en Guatemala surge una medida impopular, la reacción automática parece ser la misma: bloquear calles y carreteras, como si el país entero fuera un rehén de la indignación. Poco importa si la norma tiene sentido o si responde a una necesidad real. El caos es la respuesta inmediata, afectando a quienes ni siquiera tienen voz en la discusión, paralizando la economía, impidiendo a miles de personas llegar a sus casas y sus trabajos, y dejándonos a todos en la incertidumbre.
Este lunes, el Gobierno anunció la implementación de la regulación de la obligatoriedad de contratar un seguro de responsabilidad civil para vehículos. Esto desató una ola de controversia que paralizó el país. A través de los acuerdos gubernativos números 46-2025, 47-2025, 48-2025 y 49-2025, publicados en el Diario de Centro América, se establece que todos los propietarios de motocicletas, automóviles particulares, transporte urbano y de carga deberán contar con este seguro, que cubrirá lesiones o muertes ocasionadas en accidentes de tránsito.
Seguros vehiculares serán obligatorios
Hoy, el Gobierno publicó en el Diario de Centro América nuevos reglamentos que obligan a propietarios de motocicletas, automóviles particulares, transporte urbano y de carga a contratar un seguro de responsabilidad civil. La medida busca… pic.twitter.com/9BagumSMMy
— Diario de Centro América (@DiariodeCA) March 17, 2025
La medida llega en un momento crítico, con una siniestralidad vial en aumento. En 2024, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó un incremento del 4.5 por ciento en comparación con 2023, registrándose 8,354 siniestros viales, 363 más que el año anterior. Además, los datos de la Plataforma para la Comunicación de Datos Estadísticos de Incidencia Criminal (Pladeic) del Ministerio de Gobernación reflejan que 11,274 personas fueron afectadas por hechos de tránsito durante el año, de las cuales 2,365 fallecieron. El inicio de 2025 no muestra mejoría, en enero y febrero, 1,799 personas han resultado afectadas en accidentes viales, con un saldo de 384 fallecidos, cifras que se acercan peligrosamente a las del mismo período de 2024, cuando se reportaron 393 afectados.
Dado este panorama, parece lógico implementar una normativa que obligue a los conductores a asumir la responsabilidad de los daños que puedan causar. Sin embargo, el anuncio ha generado resistencia, principalmente por el impacto económico que representa. En un país donde muchas familias ya enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas, la imposición de un nuevo gasto fijo es percibida como una carga más.
No obstante, hay que considerar que los costos de hospitalización y reparación de vehículos pueden ser desproporcionadamente altos e impagables para muchas personas. El seguro socializa el riesgo y permite que los afectados reciban una compensación adecuada sin que esto signifique la ruina financiera para los responsables de los accidentes. Además, el alto costo del seguro en Guatemala se debe, en gran medida, a la elevada siniestralidad que existe en nuestro país. Si el conducir por nuestras calles y carreteras fuera más seguro, las primas serían más asequibles para todos.
El problema no es nuevo. La ley que establece la obligatoriedad del seguro contra terceros existe desde 1999, pero la falta de reglamentación y sanciones ha impedido su aplicación efectiva. Ahora, el gobierno ha decidido implementarla, pero la estrategia de ejecución no ha sido la mejor. Esto tuvo que hacerse de manera diferente y por etapas. Primero se debió de haber ofrecido opciones de seguros asequibles para todos, y luego se debió socializar esta información de manera adeucada y, por último, se comunicaría la implementación de la normativa. Pero se ha hecho a la inversa, y las consecuencias de ello se hacen notar.
No se puede ignorar la improvisación con la que se ha manejado la comunicación y planificación de esta medida. Para muchos, la imposición repentina de un seguro sin una estrategia clara de implementación refleja la falta de previsión del gobierno y su incapacidad para dialogar con los sectores afectados. Las protestas no se hicieron esperar, y los bloqueos organizados han mostrado un nivel de coordinación que sugiere la participación de actores con intereses específicos en generar desestabilización. La tarde-noche del martes, muchos guatemaltecos, desde niños pequeños hasta adultos, tardaron hasta 12 horas para llegar a su casa, ¡esto es terrible! ¡inaceptable! Es un crimen violar los derechos de locomoción de miles de personas.
No obstante, a mi parecer, hay un punto central que no se está abordando: el seguro mitiga las consecuencias de los accidentes, pero no resuelve el problema de fondo. En Guatemala, la falta de educación vial, el incumplimiento de normas de tránsito y la permisividad con conductores sin la preparación adecuada son factores que contribuyen a la alta siniestralidad. Se han reportado numerosos casos de personas que conducen motocicletas sin casco o sin la más mínima noción de seguridad vial. Si el costo del seguro es una preocupación legítima, ¿por qué no discutir la posibilidad de incluirlo en la licencia de conducir, como se hacía anteriormente?
Es innegable que la implementación de esta norma ha sido atropellada. Pero más allá de esto, la discusión de fondo es válida: en un país donde los accidentes de tránsito cobran miles de vidas cada año, es imperativo garantizar que quienes se ven afectados por la imprudencia de otros reciban la compensación justa. La cuestión no es si el seguro es necesario, sino cómo se implementa de manera justa y viable para todos, y cómo, de una vez por todas, los guatemaltecos respetemos el mandato de la ley.
Como dijo el juez de la Corte Suprema Oliver Wendell Holmes Jr.: “El derecho a mover mi puño termina donde comienza la nariz del otro.” Esta frase resume la esencia de la convivencia en sociedad: la libertad individual tiene límites cuando afecta a los demás. Esto aplica tanto al derecho a protestar, que no puede atropellar la locomoción de los demás, como al derecho a conducir, que no debe poner en riesgo la vida ni el patrimonio ajeno. La obligación de contar con un seguro de responsabilidad civil no es más que asumir las consecuencias de nuestros actos y garantizar que quienes resulten afectados en un accidente no queden en el abandono.
Ojalá que quienes incitan deliberadamente a estos grupos a delinquir y a romper la ley mediante bloqueos, desistan de estos actos criminales. Ojalá que el gobierno implemente medidas que garanticen el acceso a seguros asequibles, acompañadas de una estrategia de comunicación efectiva para que todos los guatemaltecos conozcan sus opciones. Y ojalá que, más allá de la confrontación y el caos, encontremos soluciones que realmente protejan a todos, sin que la desinformación y la manipulación sigan poniendo en jaque el bienestar del país.
