Guatemala vive una crisis de infraestructura que no se soluciona con discursos ni promesas. La situación en la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) es solo un reflejo de un problema mucho más profundo: carreteras colapsadas, puentes en riesgo, y un Estado incapaz de ejecutar las inversiones necesarias para evitar un colapso total. No es un tema de presupuestos. Es un tema de gestión.
El Gobierno busca modernizar Puerto Quetzal, pero las obras podrían iniciar hasta 2027 con una inversión estimada de USD 600M. El Cuerpo de Ingenieros de EE. UU. presentó un informe preliminar, pero el financiamiento sigue sin definirse. Se prevé la construcción de cuatro nuevos… pic.twitter.com/n4nvUM58vt
— República. (@republicagt) February 25, 2025
Este puerto es una pieza importantísima de nuestra economía. Es uno de los principales portales para el ingreso y egreso de comercio marítimo. Según un análisis del gobierno de Estados Unidos, el puerto Quetzal atraca el 46 por ciento de la carga de comercio martítimo, le sigue el puerto Santo Tomás de Castilla con el 29 por ciento.
En ese sentido, es muy positivo que, finalmente (después de décadas) se han tomado acciones en EPQ. Pero el rezago es tan grande que cualquier intento de mejora se percibe como un parche en una estructura que sigue desmoronándose. Según estimaciones recientes, hay alrededor de 30 buques en fondeo esperando atracar. Estos retrasos no solo afectan a las empresas importadoras y exportadoras, sino que generan costos directos para las familias guatemaltecas. Cada día de fondeo de un barco cuesta entre 80 y 100 mil dólares adicionales. Y cada día de espera en un puerto saturado significa que los bienes tardan más en llegar a los mercados, afectando la cadena de suministro y encareciendo productos básicos.
A esto sumemos la infraestructura vial colapsada, donde la falta de mantenimiento y expansión de las carreteras genera interminables horas adicionales de tráfico. Multipliquemos el tiempo adicional por el número de personas y después por el salario mínimo por hora. Así veremos que esta crisis de grandes dimensiones se traduce en pérdidas económicas directas para los trabajadores guatemaltecos.
Lo más frustrante es que muchas de estas heridas son autoinfligidas. Ministros que ofrecen excusas en lugar de soluciones, una burocracia enredada en procesos que se tropiezan con sus propios candados, y un Congreso que en muchos casos opera en función de los intereses de contratistas, no del país.
El rezago en infraestructura no es una casualidad. Es la consecuencia de décadas de negligencia acumulada y de administraciones incapaces de ejecutar proyectos de gran escala. La solución no está en seguir haciendo lo mismo. La situación de Guatemala exige activar un esquema de emergencia nacional que permita agilizar los procesos de inversión en infraestructura, de manera transparente y eficaz.
En países con gestión pública moderna, cuando se presentan crisis de esta magnitud, se implementan mecanismos excepcionales de adquisición. En Guatemala, la Ley de Orden Público permite la declaración de un Estado de Calamidad Pública, que podría activar esquemas de compra de emergencia para rehabilitar las vías de comunicación y mejorar la infraestructura portuaria de manera acelerada.
El camino hacia la solución óptima se perdió hace décadas. Necesitamos pragmatismo y resultados. Un presidente que se dice transparente tiene la oportunidad de demostrarlo montando un esquema de compras de emergencia limpio, colaborativo y orientado a la ejecución.
En Estados Unidos, modelos disruptivos como el esfuerzo DOGE han demostrado que cuando se prioriza la efectividad sobre la burocracia, los resultados llegan. Guatemala debe aprender de estos modelos y adaptarlos a su realidad.
En medio de esta crisis, la llegada del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos ha sido anunciada como una medida para evaluar la situación y presentar un informe técnico sobre la modernización de EPQ. Sin embargo, el plan implica que empezaremos a ver resultados, si bien nos va, hasta 2027.
Claro que la experiencia de estos profesionales es sumamente valiosa, pero Guatemala no tiene el lujo del tiempo. Cada día que pasa sin una solución concreta significa más costos, más retrasos y una economía que sigue frenándose por obstáculos logísticos evitables. Un informe técnico no moverá un solo barco ni despejará las carreteras. Lo que necesitamos es liderazgo efectivo que tome decisiones rápidas y un plan de ejecución que entregue resultados inmediatos.
El país debe utilizar este apoyo con inteligencia, exigiendo soluciones prácticas que puedan implementarse en el corto plazo y evitando que se convierta en otro estudio más que engrose la pila de diagnósticos sin acción.
La crisis en la infraestructura guatemalteca es una verdadera calamidad pública. No podemos seguir esperando estudios de factibilidad que se traduzcan en años de inmovilidad. Si seguimos atrapados en la burocracia y la falta de decisión política, el país acabará de hundirse en los escombros de las ruinas de su infraestructura.
Es hora de actuar con sentido de urgencia. Declarar una emergencia nacional en infraestructura podría ser la única manera de cerrar la brecha a tiempo. Imploro al Sr. Presidente, por el bien de Guatemala y por el bien de su legado, que declare un Estado de Calamidad Pública. Si no lo hacemos ahora, el costo para Guatemala será irreparable.
