Desde que tengo memoria, el “sueño americano” ha sido añorado por millones de personas en todo el mundo. Estados Unidos siempre ha sido visto como una tierra de oportunidades, un país donde el esfuerzo y la determinación pueden transformar vidas. Durante décadas, hombres y mujeres tenaces han dejado atrás todo lo que conocen en busca de un futuro mejor. Han enfrentado peligros inimaginables para cruzar la frontera, con la esperanza de alcanzar aquello que en sus países de origen parecía inalcanzable.
Pero también es cierto que, entre los millones de migrantes honrados que han construido una mejor vida con su trabajo y sacrificio, se han infiltrado actores con otras intenciones. La realidad es innegable: criminales también han aprovechado esta dinámica para operar con mayor facilidad. Narcotraficantes, pandilleros, traficantes de personas y otros grupos delictivos han cruzado la frontera, escondidos entre aquellas personas honestas y trabajadoras quienes solo buscan una vida mejor.
En los últimos años, el narcotráfico ha crecido de manera alarmante. La producción de cocaína por parte del narcotráfico ha aumentado en niveles estrambóticos, y eso afecta a la región entera. En el período de 2018 a 2023 la producción de cocaína en Colombia creció en un factor de 2.4 veces, alcanzando las 2,664 toneladas. Eso equivale a $66,600 millones que fluyen, en su mayoría, a través del istmo centroamericano para ingresar al mercado de Estados Unidos. La política de fronteras abiertas tuvo serias consecuencias, ya que permitió no solo el ingreso masivo de migrantes, sino también el de drogas, redes de trata, criminales y terroristas. No se trata de juzgar a quienes migraron en busca de una vida mejor, sino de reconocer que el descontrol fronterizo fue aprovechado por organizaciones criminales para fortalecer sus operaciones y expandir sus actividades ilícitas.
La política de Estados Unidos está cambiando drasticamente en muy poco tiempo. Además, se está intensificando la presencia militar en la frontera sur para reforzar su cierre. Tom Homan, el “Czar Fronterizo”, ha anunciado deportaciones masivas, principiando y priorizando a “los peores” y quienes atentan contra la seguridad nacional de su país. Algunas estimaciones indican que el 50 por ciento de los arrestos más recientes corresponden a personas con antecedentes criminales. A esto se le suma la designación de los cárteles y otras organizaciones criminales como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT) por parte de Estados Unidos. Al ser catalogadas como terroristas, aplican leyes penales y anti-lavado mucho más severas. Por ejemplo, un blindador de autos podría ver sus cuentas congeladas por el simple hecho de proveerle servicio a un cartel, ahora considerado terrorista.
¿Qué quiere decir este marcado punto de inflexión? La válvula de escape ahora fluye en la dirección contraria, incrementando la presión del sistema y potencialmente provocando fallas catastróficas. Recordemos que son los migrantes trabajadores y honestos los que sostienen las economías de la región. No solo ya no enviarán remesas sino que ahora deberán encontrar algún empleo localmente. A esto se le suma el bloqueo y potencial flujo contrario de las “otras cosas” que iban camuflajeadas hacia el norte. De particular preocupación es la cantidad de cocaína que se está produciendo en Colombia y que seguramente no encontrará las mismas facilidades de paso. Y ¿qué decir del anuncio de Tom Homan sobre la priorización de presuntos criminales y personas con antecedentes criminales en las deportaciones? Nuevamente, la inmensa mayoría de los migrantes son personas honestas, trabajadoras y valientes. Sin embargo, como ya mencioné, también debemos reconocer que los criminales han usado estas mismas rutas para expandir su poder.
Este cambio también tiene implicaciones diplomáticas. Ahora, países como Guatemala seguramente enfrentarán presión para convertirse en un “tercer país seguro”. Ya se escucha como El Salvador recibirá a criminales de alta peligrosidad como los integrantes del “Tren de Aragua”. Seguramente se recibirá mucho mayor presión para tomar medidas contundentes contra estos grupos narcotraficantes, ahora catalogados como terroristas.
🇺🇸 | REPORTERO: ICE arrestó a 1,179 inmigrantes ilegales, pero la mitad no tienen antecedentes criminales.
SECRETARIA DE PRENSA: “Es un crimen federal… Si eres un ciudadano extranjero que ingresa ilegalmente a Estados Unidos, por definición, eres un criminal.” pic.twitter.com/PwP6MCe5xO
— UHN Plus (@UHN_Plus) January 28, 2025
La semana pasada fue histórica. Por primera vez, Estados Unidos utilizó aviones militares para deportar a miles de migrantes indocumentados de distintos países, incluido el nuestro. La administración de Trump está enviando un mensaje fuerte y claro: “hay consecuencias por entrar ilegalmente al país”. Si bien el objetivo de Homan es deportar a “todos los que puedan”, el enfoque inicial está en aquellos que representan una amenaza para la seguridad pública y nacional. Ya circulan noticias sobre la expulsión de presuntos criminales—violadores, asesinos, ladrones—que han sido devueltos a sus países de origen. Si estas personas ponen en riesgo a los ciudadanos estadounidenses, ¿cómo no sacarlos lo antes posible? Pensemos en esto de manera sencilla: si alguien irrumpiera en nuestra casa y cometiera atrocidades, ¿acaso no tendríamos el derecho legítimo de proteger nuestro hogar y a nuestra familia?
🇺🇸🇻🇪 | DETALLES ADICIONALES
Anderson Zambrano-Pacheco, uno de los presuntos líderes del Tren de Aragua, fue arrestado por la administración Trump durante redadas migratorias en Nueva York. Zambrano, buscado en Colorado por cargos de secuestro, robo y amenazas, fue capturado el… pic.twitter.com/Mgj3txhLAv
— UHN Plus (@UHN_Plus) January 28, 2025
Y aquí es donde la discusión se vuelve delicada. Estados Unidos tiene derecho a proteger su seguridad nacional, pero Guatemala también debe velar por la suya. Si ellos van a priorizar la deportación de personas consideradas de alta peligrosidad, necesitamos ser notificados y asegurarnos de que no representen un riesgo para el país. Al final, está claro que no podemos rehusar el ingreso de ciudadanos repatriados, tal como lo demostró espectacularmente el presidente Petro en Colombia.
Quiero ser claro: no estoy etiquetando a personas trabajadoras y soñadoras como criminales peligrosos. Su sacrificio, tenacidad y esfuerzo incansable merecen reconocimiento y respeto. La vía diplomática nos debe asegurar que los procesos de repatriación sucedan respetando la dignidad y los derechos humanos de nuestros compatriotas.
El reto está en saber generar soluciones efectivas. Se perdió la válvula de escape y distintos flujos ahora fluyen en dirección contraria. Si deseamos evitar fallas catastróficas debemos atender las distintas consecuencias, desde la generación de empleo hasta los retos que seguramente surgirán al haber bloqueado el tránsito de los narcotraficantes. Nada de esto es fácil, particularmente en un país que depende, de manera adictiva, a los réditos que genera el sueño americano.