En Guatemala, es imposible imaginar nuestras calles sin el shukero de la esquina, las ventas ambulantes que llenan la avenida La Reforma o los puestos improvisados que adornan la Sexta avenida en la zona 1. Y qué decir de la Terminal y los miles de mercados, donde el comercio abunda. Todos ellos son parte de nuestra economía, un reflejo de la lucha diaria de millones de guatemaltecos. Pero detrás de esta vibrante informalidad, se esconde una realidad que no podemos seguir ignorando: un sistema económico que opera al margen de las leyes laborales, fiscales y de lavado de dinero. No obstante, el cumplimiento de las leyes, hasta donde tengo entendido, no es un tema voluntario ni discrecional.
La concentración de la recaudación tributaria en pocos contribuyentes es un indicador alarmante de las profundas desigualdades en torno a cumplimiento legal en Guatemala. Un análisis del régimen de Impuesto sobre la Renta (ISR) y del régimen general del Impuesto al Valor Agregado (IVA) muestra cómo la mayor parte de la carga fiscal recae sobre una minoría. En la informalidad subsiste una enorme cantidad de microemprendimientos. Pero debemos ser claros, en la informalidad florece una enorme cantidad de grandes negocios al margen de la ley, así como otra enorme cantidad de negocios criminales (contrabando, lavado de dinero, narcomenudeo y narcotráfico, trata de personas, entre otros).
En 2022, habían registrados 389,018 contribuyentes en el régimen de actividades lucrativas del ISR. Sin embargo, solo el 54.8 por ciento de ellos realizó al menos un pago efectivo de impuestos. Es decir, casi la mitad de los contribuyentes inscritos no está cumpliendo con sus obligaciones fiscales, lo que incrementa la presión sobre quienes sí lo hacen. Entre esos 213,245 contribuyentes efectivos, se encuentran desde contribuyentes individuales hasta grandes empresas. A pesar de que este es un número muy reducido de contribuyentes relativo al número efectivo de actores económicos, las cifras fiscales demuestran que el 3 por ciento de los contribuyentes aporta el 97.5 por ciento de la recaudación. Una concentración absurda y que excede con creces la participación de los mismos actores en la economía.
¿Por qué esto es importante? Porque recordemos que los aportes fiscales y el pago de impuestos son vitales para el funcionamiento de nuestro aparato estatal. No se trata solo de la sostenibilidad de nuestro sistema fiscal, sino que también de la capacidad de nuestro Estado para atender las demandas de inversión en infraestructura, salud, educación y desarrollo. Sin esos ingresos (y su correcta administración y aprovechamiento), no podemos avanzar en los innumerables pendientes que tenemos, desde el mejoramiento de carreteras e infraestructura vial, hasta el remozamiento de las escuelas e institutos. Además, pone en desventaja a los contribuyentes cumplidos, quienes deben cargar con la responsabilidad fiscal de un país entero, mientras otros actores, y hasta sectores enteros, permanecen en la informalidad y evaden sus obligaciones.
El bajo número de contribuyentes efectivos también evidencia los desafíos en la administración tributaria. Las autoridades fiscales han fortalecido de manera significativa su capacidad de fiscalización entre quienes tributan. Sin embargo, es imperativo que las autoridades amplíen la base de contribuyentes para abarcar al resto de la economía. Para ello, se debe diseñar un mecanismo que viabilice la formalización de quien hoy se encuentra al margen y que simplifique los procesos de cumplimiento. Un sistema que ofrezca incentivos claros para abandonar la informalidad, así como consecuencias para quienes opten permanecer en ella.
No tiene sentido que dos terceras partes de nuestra economía permanezcan al margen de la legalidad. Se exige cumplimiento fiscal, sometimiento a una Ley de Competencia, cumplimiento de tratados internacionales en materia laboral, entre tantas otras normativas. Sin embargo, estas exigencias parecen estar dirigidas únicamente a ciertas empresas. Esto no es razonable. Cumplir con la ley no puede ser algo subjetivo ni opcional; debe aplicarse de manera equitativa y universal. Mantenerse fuera de la legalidad no solo afecta a las empresas que tratan de cumplir con todas sus obligaciones legales, sino que también perpetúa un sistema económico desigual, ineficiente, y en ciertos casos, criminal.
La formalización empresarial no debe ser vista únicamente como una solución fiscal, sino como una herramienta para construir una economía más equitativa, eficiente y competitiva. Al integrar a más empresas y trabajadores al sector formal, no solo se amplía la base tributaria, sino que también se generan oportunidades para acceder a beneficios sociales, programas de capacitación y mercados más grandes. Estar al margen de la legalidad limita a las empresas informales el acceso a múltiples beneficios: mayor productividad para sus colaboradores, financiamiento más accesible, uso de monederos electrónicos y pagos digitales, digitalización de sus procesos, descuentos en compras al por mayor y costos logísticos reducidos, por mencionar algunos. Además, la formalización beneficia al país al permitir mayor trazabilidad de las transacciones, reduciendo así el contrabando, la corrupción, el lavado de dinero y la economía criminal.
Sin embargo, el marco legal actual no promueve la formalización de manera efectiva. Simplemente no es viable para una tienda de barrio optar por la tarifa “especial” que le ofrece el Régimen Opcional Simplificado del 5 por ciento sobre las ventas (ventas menores a Q30,000 mensuales), cuando las grandes cadenas de supermercados en Estados Unidos pagan apenas un 0.7 por ciento sobre sus ventas. Es poco razonable pensar que, con estas condiciones, lograremos convencer a los pequeños comercios de unirse a la formalidad. Es necesario implementar una nueva legislación, como la iniciativa que ya se presentó en el Congreso, que facilite el acceso a la formalidad cobrando entre 1 por ciento y 1.5 por ciento sobre ventas para pequeños negocios que califiquen. Este cambio no solo es justo, sino esencial para integrar a más empresas al sistema formal y, con ello, fortalecer toda nuestra economía.
Es fundamental que Guatemala reconozca la importancia de un mantener y respetar un solo marco legal. Debemos aspirar a una normativa fiscal que facilite la formalización, sin penalizar a los pequeños comercios que buscan adherirse. Debemos aspirar a un sistema fiscal inclusivo, donde todos los actores económicos contribuyan lo justo. Pero debemos también aspirar a un sistema que rechace y penalice a quienes operan al margen de la ley. La digitalización no esperará la formalización y me temo estas brechas de inequidad solo se ampliarán hacia futuro.
