Ha sido una semana histórica para nuestro país. Una semana en que nuestros honorables diputados se apresuraron en conocer iniciativas de ley en tiempo récord y, de paso, aprobarlas sin mayor titubeo ni cuestionamiento. ¿Qué se aprobó en las distintas iniciativas? ¿Es de beneficio para los ciudadanos? ¿Será lo mejor para nuestro país?
La realidad es que ni los propios diputados conocen a detalle qué fue lo aprobaron de “urgencia nacional”, mucho menos sus implicaciones, al menos en su totalidad. Primero, hicieron reformas (pequeñas pero importantes) a la ley Contra la Delincuencia Organizada; segundo, aprobaron reformas a la Ley de la Policía Nacional Civil; tercero, aprobaron el proyecto de presupuesto 2025. Y, de paso, alrededor de las 2 de la madrugada, se auto recetaron un aumento salarial.
Cabe mencionar, que este proyecto de presupuesto fue ampliamente rechazado y cuestionado. Es el más amplio en toda la historia (Q148 mil millones) y, además, representa un desvío preocupante de la sostenibilidad fiscal, con un aumento del gasto público y un déficit fiscal que excede el 2 por ciento del PIB sin medidas claras para mejorar la eficiencia del gasto ni garantizar transparencia. Este presupuesto carece de cambios estructurales significativos y contradice la Ley Orgánica del Presupuesto al incluir deuda pública para financiar gasto corriente, violando normas legales y perpetuando la opacidad en el uso de fondos. Además, hay quienes aducen que la moneda de cambio que se utilizó para “comprar” la voluntad de la mayoría de los diputados fue la aprobación de Q9,322 millones para los Consejos de Desarrollo. Recordemos que estas estructuras dudosas han sido señaladas de ser mal utilizadas por los mismos diputados y alcaldes, para atribuirse contratos millonarios de obras y más.
Pero, el partido oficialista, tenía un truco bajo la manga. Y es que ellos ataron la aprobación del desfinanciado presupuesto a una condición: modificar el artículo 82 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada. El mismo artículo que los suspendió. De esta manera, 125 diputados votaron a favor de esta artimaña para beneficiar a Semilla y librarlos del juicio en su contra.
¿Quiénes son los 87 diputados que votaron a favor de tener un aumento de salario? Durante la sesión, los diputados incluyeron una enmienda a última hora para recetarse un aumento salarial.
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— Prensa Libre (@prensa_libre) November 27, 2024
Mientras tanto, querido lector, nuestras carreteras siguen colapsadas, los hospitales públicos desabastecidos y las escuelas en estado deplorable. Ninguna de estas reformas e iniciativas buscan el avance de nuestra nación. Más bien, implican 0 desarrollo para los guatemaltecos. Son iniciativas que solo logran beneficios para la clase política y que perpetúan la corrupción. Los intereses de los ciudadanos no figuraron en estas decisiones cuando, en realidad, los guatemaltecos deberíamos ser el centro de estas políticas.
Cuando Samuel Pérez era oposición política despotricó contra este tipo de comportamientos. Los llamó #PresupuestoCriminal o #PactoDeCorruptos. Sin embargo, parece que estos criterios de juicio solo aplican cuando el sujeto es un tercero. Seguramente no serían aplicables cuando él se comporta de la misma manera.
Acabamos de qprobar en el Congreso la reforma a la Ley Contra la Delincuencia Organizada 🌱🇬🇹 pic.twitter.com/UeRvp1cMV3
— Samuel Pérez Álvarez 🌱 (@samuel_pz) November 27, 2024
La madrugada legislativa con estas “aprobaciones express” dejó más preguntas que respuestas. ¿Qué se aprobó realmente y con qué propósito? Las leyes no deberían ser herramientas para proteger intereses particulares, pero una vez más, eso es lo que vemos. Eximir a los partidos políticos de delitos vinculados al crimen organizado no solo sienta un peligroso precedente, sino que abre la puerta a la infiltración de la narcopolítica en nuestras instituciones. ¿Cuánto nos costó esta negociación y quién lo permitió? Los ciudadanos merecemos claridad y, sobre todo, un Congreso que legisle para y por el país, no para su propio beneficio.
