La elección de magistrados para nuestras cortes de justicia debería ser un proceso claro y directo, un ritual emblemático en una república que busca garantizar la independencia de su sistema judicial. Sin embargo, en Guatemala, este proceso se ha convertido en un campo de batalla donde intereses turbios confluyen en un mimetismo isomorfo que burla los pesos y contrapesos del mecanismo de selección.
Nuestra ley es clara. El plazo constitucional indica que los nuevos magistrados del Organismo de Justicia deben de asumir este 13 de octubre, ni un día antes ni un día después. El retraso en la renovación judicial atenta contra el principio democrático de alternabilidad del poder, que es fundamental para evitar la concentración del poder y mantener una democracia saludable.
Fallar en esto implica un rompimiento en nuestro ordenamiento constitucional y seguramente tendrá implicaciones en nuestra calificación de riesgo de país, en nuestra capacidad de atracción de inversiones extranjeras, en nuestro crecimiento económico y en la prosperidad de todos los guatemaltecos. Cada retraso o disputa innecesaria erosiona esa confianza y debilita el Estado de Derecho. Al no cumplir con estos plazos, estamos poniendo en riesgo, no solo la estabilidad de nuestra justicia, sino también la credibilidad de todo el sistema constitucional.
Nuestra Ley de Comisiones de Postulación delega esta importante labor a representantes del Colegio de Abogados, las universidades acreditadas, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y magistrados de las Cortes de Apelaciones. Los comisionados designados tienen una responsabilidad monumental por lo que deben actuar con total independencia y transparencia, guiados únicamente por el mérito e idoneidad de los candidatos. Recuerden comisionados que su deber y lealtad es hacia Guatemala. La independencia de la justicia es una garantía para todos nosotros, un principio que debe ser protegido por encima de las presiones políticas o los juegos de poder.
Pero, en lugar de avanzar, estamos viendo cómo estos comisionados se enredan en debates sobre la logística y la sede, como si el lugar en el que trabajan fuera más importante que la tarea en sí. Debemos dar visibilidad a estas artimañas dilatorias que utilizan mecanismos solapados y se justifican detrás de razonamientos legales. Este tipo de estancamiento no es nuevo, pero eso no lo hace menos preocupante. La historia de nuestra justicia está llena de ejemplos en los que los procesos se han retrasado o manipulado para beneficiar a quienes ya están en el poder. Los recuerdos de años pasados, cuando los magistrados se quedaron en sus puestos mucho después de que su mandato hubiera vencido, son un recordatorio constante de lo que está en juego.
No podemos permitirnos caer en los mismos errores. El objetivo debe ser claro: garantizar que los nuevos magistrados asuman sus funciones a tiempo y que el proceso de selección nos logre los mejores candidatos. Para ello, la independencia y transparencia en el proceso son fundamentales. Esto no solo es una cuestión de cumplir con la ley. Es una cuestión de proteger la integridad de nuestras instituciones y de garantizar que la justicia se administre de manera independiente, equitativa y eficiente.
En última instancia, la elección de nuestros magistrados es una oportunidad para demostrar nuestro compromiso con la democracia y el Estado de Derecho. No se trata solo de llenar vacantes, se trata de asegurar que nuestras instituciones funcionen de manera óptima y que la justicia sea verdaderamente ciega y accesible para todos. Este es un desafío que debemos enfrentar con seriedad y con un firme compromiso hacia la transparencia y la meritocracia.
La renovación de nuestras cortes es una prueba de nuestra madurez democrática. Superar este desafío requiere más que cumplir con los plazos; requiere un esfuerzo genuino para elevar la justicia por encima de los intereses particulares. Ya es hora de que la elección de nuestros magistrados refleje el verdadero espíritu de nuestra constitución y la promesa de una justicia imparcial y eficiente. Ya es hora de que nuevos magistrados asuman sus cargos.
