Estamos a 71 días de abrir la convocatoria a las próximas elecciones nacionales. No es momento para implementar tecnología de manera improvisada, mucho menos mecanismos que no conocemos en su totalidad y cuya procedencia, contratación y funcionamiento son cuestionables. Escuchemos las peticiones vertidas en unísono desde diversas organizaciones de sociedad civil, para no lamentarnos cuando sea muy tarde.
La principal preocupación son los posibles cambios al modelo electoral actual, el cual ha funcionado bien desde 1983. Este modelo ha sido pilar importante de nuestra democracia y lo que lo hace valioso es su sistema descentralizado, basado en una cadena de custodia del voto y de verificaciones cruzadas. Desde hace más de tres décadas, la responsabilidad del éxito del proceso electoral y del conteo de los votos ha recaído en las Juntas Electorales y las Juntas Receptoras de Votos independientes, acompañados por la labor de los fiscales de mesa. La tabulación de votos en el centro de votación permite al presidente de mesa: (i) enmendar cualquier error frente a fiscales de partidos políticos, y (ii) cerciorarse que los resultados de su mesa fueron correctamente tabulados, velando así por la transparencia del proceso entero. Por años, los guatemaltecos hemos confiado en esos mecanismos. Llama la atención que estos cambios hacia la digitalización de los procesos electorales están siendo cuestionados en democracias mucho más maduras, tal como sucedió en las elecciones de medio período hace dos días en Estados Unidos.
Sorprende que, a pesar de las advertencias ciudadanas y los riesgos, nuestro Tribunal Supremo Electoral (TSE) insista cambiar tal proceso. El TSE plantea contratar, de manera “chapuseada”, sistemas tecnológicos que alterarán por completo el modelo que ya conocemos. Para complicar más el panorama, se pretende adquirir estos sistemas de una empresa controversial, Smartmatic International, el único oferente en la licitación inicial fallida. Esta empresa ha estado involucrada en los atropellados procesos electorales de Venezuela. Según medios internacionales, desde 2004 (sin mayor experiencia en el tema de votaciones) ellos fueron contratados por el gobierno de Hugo Chávez para instalar el voto electrónico en dicho país y, desde entonces, han sido protagonistas de procesos electorales cuestionados alrededor del mundo, tales como Filipinas, Estados Unidos y Brasil. Aunque los cuestionamientos no han sido comprobados, el simple hecho que existan le genera una oscura sombra a un proceso que ostenta a dicha empresa como posible único oferente. Si tanto se ha dicho sobre las posibles irregularidades en medios internacionales, ¿por qué exponernos nosotros?
Además de los cambios improvisados al proceso electoral, no podemos ignorar que pareciera ser un despilfarro de recursos que no responde a nuestras necesidades. Hoy tenemos un sistema costo eficiente de identificación del votante, el cual combina validación del DPI con el uso de tinta indeleble. Con ello, se reduce (prácticamente a cero) la probabilidad que una persona vote dos veces. ¿Qué beneficio tiene implementar el control biométrico? ¿Cuántas veces se ha usado la información biométrica del RENAP para certificar su viabilidad para fines electorales? Ante este escenario y con un costo potencial de Q280 millones (como aparece en la primera licitación fallida), es imposible de justificar el costo beneficio de implementar esta tecnología en esta ocasión. Ojalá nuestras autoridades modifiquen las bases de las licitaciones para obviar por completo el control biométrico en esta ocasión.
Como si todo lo anterior fuese poco, no podemos dejar de lado el hecho que se está utilizando el mecanismo de lawfare (persecución judicial), inicialmente utilizado por Thelma Aldana en las elecciones 2019, para descartar a la competencia. Recordemos que, en el 2019, siendo aún Fiscal General y siguiendo las recomendaciones de su cuestionado jefe de campaña, José Carlos Marroquín, este mismo mecanismo fue utilizado por Aldana para allanar el camino y eliminar a sus competidores por la codiciada guayaba. Pareciera que ese modelo de lawfare, ahora aumentado y mejorado, el cual ya logró acciones como la cancelación prematura de las candidaturas de Roberto Arzú y Neto Bran. Creo que somos nosotros, los ciudadanos, quienes debemos tener la capacidad de discernir entre propuestas válidas y populismos burdos. Que gane quien gane, pero que sea por preferencia de los votantes en una elección libre y no porque alguien más descartó nuestras opciones.
Escuchemos esas voces ciudadanas que nos alertan sobre los posibles trastornos a nuestro proceso electoral. Es ahora que se pueden hacer los ajustes necesarios para asegurar un proceso electoral rápido, transparente y fiable. Estimados Magistrados del TSE, hago un llamado para no improvisar con tecnologías dudosas y menos teniendo tan corto el tiempo de preparación. Que su legado como magistrados sea el de haberle entregado a la ciudadanía guatemalteca un proceso confiable, que resguarde nuestra democracia y que garantice unas elecciones íntegras.
