La pandemia de Covid-19 tuvo un fuerte impacto en la educación de toda una generación a nivel mundial. Es una crisis educativa sin precedentes, la cual Unicef ya la catalogó como “casi insuperable”. Los niños y jóvenes de América Latina y el Caribe (ALC) fueron de los más afectados. El sufrimiento durante la crisis de Covid-19 es minúsculo comparado al que se nos viene derivado de la crisis educativa. En un reciente documento de análisis titulado “Dos años después: salvando a una generación”, el Banco Mundial, Unicef y Unesco, plantean sus recomendaciones para rescatar a toda una generación de niños y jóvenes.

La situación de ALC es de las más preocupantes, especialmente derivado de la situación de países como Guatemala. Nuestra región evidencia grandes retrocesos en puntuaciones de lectura y matemática, eliminando por completo las décadas de mejoras y avances de un plumazo. Retrocedimos significativamente y no estamos haciendo lo suficiente ni a la velocidad requerida para remediar el daño ocasionado. Lo más preocupante es que, los grupos más afectados han sido los estudiantes de los primeros grados escolares (preescolar) y las poblaciones más vulnerables. Asimismo, el impacto psicosocial en la salud de alumnos y profesores, y los grandes retos debido a la amplia brecha digital, complican aún más el panorama.

Es innegable que estamos frente a la mayor crisis generacional en la historia moderna. Según este estudio, entre el 80 y 90 por ciento de los niños de ALC serán incapaces de comprender un simple texto al regresar a la escuela. Datos de Unesco apuntan a que 7 millones de estudiantes de todo el mundo dejaron sus estudios debido a la pandemia y que el abandono será permanente. En nuestra región, se estima que 2 millones corren el riesgo de dejar la escuela para siempre, siendo los estudiantes de 6 a 14 años los más afectados, especialmente aquellos de países menos favorecidos.

Aún no se cuenta con toda la información pero los hallazgos preliminares nos demuestran que, a pesar de los esfuerzos de educación a distancia,  existe un nivel de “desaprendizaje” que será casi imposible remediar. En casi toda la región, se han perdido ya 2 años de escolaridad. En el caso de Guatemala, se registró́ una falta de participación de los estudiantes del 45 por ciento en 2021. Eso representa un importante aumento del dato pre pandemia de 17 por ciento. Según el Mineduc, recuperar los aprendizajes no alcanzados durante este tiempo podrían llevar hasta tres años. Me pregunto si ese estimado toma en consideración el “desaprendizaje” que sucedió así como las capacidades reales del actual sistema educativo por lograr aprendizaje en el aula.

Este 2022 la actitud prohibicionista hacia acudir a las escuelas finalmente empieza a cambiar.   El Mineduc publicó en mayo el Acuerdo 1600-22. Este contiene las normas de bioseguridad para lograr un regreso seguro a clases para toda la comunidad educativa, independientemente del estado epidemiológico del municipio. Poco a poco, los estudiantes han regresado a sus aulas, en burbujas y/o sistema híbrido. Sin embargo, según el BM, el abrir las escuelas no es suficiente para garantizar la escolaridad. Es necesario implementar todo un paquete de medidas adecuadas para incentivar la inscripción y la asistencia. Aunque el regreso a clases ha iniciado, dada la gravedad de la crisis, se requieren acciones mucho más significativas si se pretende recuperar el tiempo perdido.

En ese sentido, este análisis indica que la recuperación debe dividirse en dos partes. Primero, la agenda de retorno a la escolaridad, la cual abarca tres componentes: (i) reapertura segura y sostenible de todas las instituciones educativas; (ii) la reinscripción de todos los estudiantes; y (iii) la prevención del abandono escolar. Segundo, la agenda de recuperación y aceleración del aprendizaje, la cual debe comprender: (i) la priorización y consolidación de los planes de estudio; (ii) la evaluación de los niveles de aprendizaje; y (iii) la implementación a escala de estrategias y programas de recuperación del aprendizaje. En ambas agendas deben abordarse las necesidades psicosociales de la comunidad educativa y los grandes retos de la brecha digital.

Según estas prioridades, los autores sugieren cuatro compromisos: (i) un compromiso con la escolaridad – colocándola en lo más alto de la agenda pública, para garantizar que ningún alumno se quede atrás y/o abandono de los estudios; (ii) un compromiso con el aprendizaje y el bienestar – para dar prioridad a las habilidades básicas y fomentar niveles adecuados de formación de capital humano a lo largo del proceso; (iii) un compromiso con los docentes – para garantizar que los profesores sean valorados y apoyados en todo momento; y (iv) un compromiso con la promoción y la financiación – la agenda de recuperación de la educación es una responsabilidad de todos y necesita recursos suficientes, y debidamente utilizados.

Partamos por reconocer la escala del “desaprendizaje” y las nefastas consecuencias que eso conlleva para el desarrollo de nuestra nación. Nuestras autoridades deben enfocarse en la creación de políticas públicas que aceleren la recuperación educativa y garanticen un uso adecuado de los recursos. Ya pasaron más de dos años desde que la pandemia del Covid-19 golpeó nuestra región y nuestro país. Las cicatrices y heridas no pasan desapercibidas, pero es momento de atender esos rezagos educativos. No podemos darnos el lujo de perder el potencial de toda una generación. Rescatémosla.