De la teoría a la práctica

Es evidente que la falta de infraestructura vial nos limita como país. Será imposible alcanzar el desarrollo incluyente y reducir la migración irregular sin atender el déficit de infraestructura. Han existido un sinnúmero de planes para atender esta brecha, pero la misma persiste. ¿Cómo pasamos de la teoría a la práctica en la resolución de esta problemática?

Hoy la infraestructura es un cuello de botella vinculante a nuestro desarrollo. Para contrarrestarlo, esta semana el Gobierno de Guatemala (representado por el Ministerio de Comunicaciones), la Municipalidad de Guatemala, la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), Agencia Nacional De Alianzas Para El Desarrollo De Infraestructura Económica (Anadie), entre otras entidades, firmaron un convenio interinstitucional de desarrollo de infraestructura. El convenio busca generar el compromiso y los mecanismos de coordinación para implementar el eje de Infraestructura del plan “Guatemala no se detiene”. Este incluye 41 proyectos iniciales para desarrollar 990 kilómetros de carreteras en nuestro país. El plan representa una inversión de 5.4 millardos de dólares a lo largo de los próximos 15 años.

Recordemos que el plan “Guatemala no se detiene” busca generar 2.5 millones de empleos dignos en los próximos 10 años. En ese sentido, el desarrollo de infraestructura juega un doble rol ya que es una manera muy efectiva de dinamizar nuestra economía y atraer más inversión. A la vez, permitirá que florezca el pequeño y mediano empresario que hoy sufre las secuelas de nuestras deficiencias en el transporte de bienes y personas. En otras palabras, este tipo de inversión genera empleo por si misma, a la vez que crea las condiciones para que las micro y pequeñas empresas generen más empleos. Sin una inversión decidida en infraestructura cualquier plan está condenado al fracaso.

En nuestro país han sido muchísimos los planes de desarrollo que se han impulsado. Lastimosamente, gran parte de ellos se han quedado en la teoría y no pasan a la práctica. Si pasan a la práctica, su impacto se hace sentir muy poco o por un período transitorio de corta duración. Este acuerdo es significativo ya que nos ayudará a pasar a la fase de ejecución como país. El convenio establece la creación de una mesa técnica donde se dará seguimiento permanente al cumplimiento de las metas trazadas. De esta manera, compromete a todas las partes con acciones puntuales para garantizar el éxito de esta estrategia de desarrollo.

No olvidemos que en Guatemala el desarrollo de infraestructura es un tema que ha estado rezagado desde hace décadas. Según datos de CEPAL, somos uno de los países de la región que menos invierte en infraestructura, 1.55 por ciento del PIB, y con apenas 1 metro de red vial por habitante. Esto contrasta fuertemente con la situación en países vecinos, como Costa Rica, en donde invierten cerca del 6 por ciento del PIB y cuentan con 8.7 metros de red vial pavimentada por habitante. Parte de este rezago se debe a los esquemas corruptos que han plagado los procesos de adquisición de infraestructura en el pasado.

No hay forma de lograr el desarrollo incluyente y reducir la migración irregular sin que se conjuguen una serie de factores: un verdadero plan técnico y no político, liderazgo y voluntad de implementación, recursos, esquemas de coordinación y capacidad de ejecución. No es algo que se pueda imponer y menos cuando se basa en premisas incorrectas, cuando buscan fines distintos a los expresados, o cuando ignoran las capacidades y voluntades de quienes deben implementarlos. Esperemos que pronto se logre la firma de los convenios respectivos en los ejes de Capital Humano y Certeza Jurídica. Con ello, seguramente se marca un importante hito y momento de cambio donde pasamos hacia las transformaciones que nuestro país exige para alcanzar ese desarrollo incluyente que tanto anhelamos.