Todos sabemos que en nuestro país existe un problema de corrupción. La corrupción ha debilitado nuestra frágil democracia y afecta nuestro futuro como nación. No contamos con una forma cuantitativa de dimensionar con exactitud la magnitud o las graves consecuencias de este fenómeno. En 2019 el Índice de Percepción de Corrupción nos colocó en el puesto 146 de 180 países. Lamentablemente hemos retrocedido cerca de 55 posiciones en la última década. ¿Cómo podemos revertir esta tendencia?
Al ser una república democrática, nos regimos a partir de un conjunto de leyes que buscan que la cosa pública funcione ordenadamente. La Ley de Compras y Contrataciones es una de estas leyes. Su fin es crear un marco legal de transparencia y competencia para minimizar esa corrupción enraizada en nuestro sistema desde hace años. Sin embargo, adolece de varios problemas que han sido objeto de varios “parches” en el camino.
Es cierto, a las munis y entes del estado les cuesta mucho ejecutar; pero eso no es culpa de la Ley de Contrataciones. Las reformas recién aprobadas son muy peligrosas y carecen de cualquier justificación técnica. Ojalá el Presidente se anime a vetarlas.https://t.co/ClVNVZh3cV
— Mario García Lara (@mariogarcialara) May 10, 2021
Las reformas del pasado han subido la barda a alturas cada vez más inalcanzables. La reciente reforma a esta ley, el decreto 4-2021 aprobado el pasado 28 de abril por parte del Congreso de la República, es un “parche” que baja la barda. Esta clasifica a más compras como de “baja cuantía” o “directas”. No fomenta la transparencia ni la rendición de cuentas, lo cual afectará significativamente la calidad del gasto público.
El último “parche” nos aleja del objetivo, aunque si atiende un problema real. El actual proceso de compras y contrataciones es demasiado complejo para nuestras capacidades institucionales. La forma correcta de resolver el problema de largo plazo es a través de una reforma integral a ley. Sin embargo, eso no es lo único que se requiere. Existe otro gran elefante blanco del que nadie quiere hablar. Se trata de las capacidades institucionales, léase las capacidades gerenciales, operativas, informáticas, entre otras, para poder cumplir a cabalidad con los requerimientos establecidos en el marco legal.
Es innegable que las entidades de nuestro Estado carecen de las capacidades técnicas para seguir procesos ordenados de compras y adquisiciones. Algunos se aprovechan y ocultan sus acciones turbias detrás de esa falta de capacidad. Pero lo cierto es que la brecha entre las ambiciosas exigencias de nuestro marco legal dista de las capacidades de cumplimiento de nuestro aparato de gobierno. Esa brecha abona al desgaste de imagen de la cosa pública y genera un creciente rechazo entre los guatemaltecos.
Necesitamos reformas que nos den la confianza de que hay visibilidad, transparencia y una competencia sana en los procesos. Necesitamos que los cambios que se efectúen nos garanticen que habrán consecuencias claras para aquellos que no actúen con transparencia. Pero los cambios también deben orientarse a la facilidad de cumplimiento.
Aquí y en todo el mundo, es fundamental que las leyes de contrataciones públicas sean actualizadas en aras de lograr procesos de compraventa limpios y funcionales. ¿Implican una mejora estas modificaciones? ¿O nos hacen retroceder y alimentan cada vez más el rechazo ciudadano? La solución inmediata es la inversión en capacidades de cumplimiento de las normativas ya existentes. Pero además, no podemos ignorar que necesitamos una reforma integral, tema que ya se ha propuesta en dos ocasiones anteriores. Necesitamos fortalecer nuestros procesos para fortalecer nuestra nación. De lo contrario, vamos cada vez más rápido en la dirección opuesta.
