La burla a un pueblo honrado y trabajador, como lo es el pueblo de Guatemala, es inaceptable. Esta semana nos tomó por sorpresa la terrible noticia de compra de pruebas falsas de Covid-19. No puede ser que, en plena crisis humanitaria, el pueblo guatemalteco sea objeto de engaños tan despiadados. Es totalmente inconcebible que, con esa mentira, se hayan arriesgado miles de vidas humanas. La falsificación de pruebas es un delito inhumano.

 

El producir y vender pruebas falsas no solo es un robo a las arcas del estado. También pone en riesgo las vidas de las personas que se realizan la prueba y que no reciben un resultado preciso y en el momento oportuno, potencialmente aplazando un tratamiento médico o contagiando a más personas a su alrededor. Han sido miles las personas que han fallecido a causa de esta enfermedad. Han sido miles los que han sufrido sus síntomas y sus consecuencias, a nivel de salud, económico, emocional, etcétera. Rechazo totalmente la manera en que hemos sido burlados y el daño ocasionado. Debemos prestar mucha atención para que no vuelva a suceder.

 

En ese sentido, es importante resaltar el hecho que ayer hablábamos de pruebas de Covid-19, pero hoy el tema de conversación es alrededor de la vacuna. Yo mismo fui testigo de la fuerte competencia contra los demás países del mundo, para asegurar el suministro de pruebas. Al igual que lo acontecido con las pruebas y el equipo de protección de personal en aquel momento, hoy es una carrera global para lograr asegurar disponibilidad y entregas de vacunas. A esto debemos agregarle que abunda la desinformación, las teorías conspirativas y los generadores de pánico que aprovechan estos momentos de incertidumbre para descalificar las vacunas.

 

La verdad es que todas las vacunas que han sido autorizadas por los entes internacionales competentes tienen altísimos porcentajes de efectividad. Asimismo, prácticamente eliminan las hospitalizaciones intensivas o muertes derivadas del Covid-19. Me atrevo a decir que, quizás la única duda válida, es que sus efectos, duración o posibles efectos secundarios no han sido probados para plazos largos. Lo importante es lograr comprar (y que nos entreguen) una vacuna que haya pasado por al menos uno de los procesos de certificación como la autorización de uso de emergencia (EUA, por sus siglas en inglés) de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE.UU. (FDA), la Organización Mundial de la salud o el artículo 59 de la MDR de la Unión Europea.

 

Tomando los aprendizajes de la experiencia de las pruebas, el Congreso aprobó recursos y un mecanismo especial que permite al gobierno el realizar compras internacionales, siempre y cuando sean vacunas certificadas. El mecanismo COVAX solo abarcará el 20% de la población (eventualmente). No podemos seguir esperando. Ojalá que los esfuerzos desde cancillería y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social reditúen pronto en órdenes de compra para distintas opciones de vacunas, que sean de procedencia legítima, que estén disponibles lo más pronto posible para todo el pueblo guatemalteco, y que no sean objeto de crímenes inhumanos.