Retrocedemos con las licencias

En el último mes ha surgido en el ambiente una gran preocupación. ¿Qué va a pasar con la emisión de licencias de conducir? ¿Será un servicio más del que los guatemaltecos tendremos que tolerar desmejoras?

Todo inició el mes pasado, cuando Mayoreo de Computación (Maycom), responsable hasta el momento de la emisión de licencias de conducir, fue la única empresa en participar en la licitación pública para llevar a cabo este proceso durante los próximos siete años. Sin embargo, la Junta de Licitación descalificó a Maycom porque no cumplió con “las formalidades” que el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) solicitó.

En un acta, el Departamento de Tránsito de la PNC explicó que en la papelería presentada por Maycom, el seguro de caución fue extendido a favor de “El Departamento de Tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional Civil del Ministerio de Gobernación” y no a favor de la “Dirección General de la Policía Nacional Civil”. Tres palabras de más. Un error de forma, y no de fondo. Un error que, tomando en consideración lo que está en juego, debería ser subsanable. En cambio, esta semana autoridades de la PNC dieron a conocer que, de no resolver el tema legal, ellos se harán cargo de la emisión de licencias, pero emitirán certificados de papel. Así es, ¡Papel!

De esta manera, las licencias de conducir se unen al listado de servicios que los guatemaltecos hemos perdido y añoramos. Me refiero a los pasaportes, las placas de circulación y el servicio de correos (el cual, por el momento, funciona parcialmente ya que no cuenta con servicio de envíos internacionales, pero sí de recepción). Todos estos casos marcan fuertes precedentes y son una razón más por la cual puedo afirmar, casi con certeza, que esto será un enorme retroceso para nuestro país.

Pero además, debemos preguntarnos ¿por qué solo una empresa participó en esta licitación? Me parece que se conjugan dos efectos. El primero es la corrupción, sea real o aparente. Muchas empresas abandonan procesos como este al enfrentarse a solicitudes indebidas. Otras, particularmente firmas extranjeras, dejan de participar simplemente por la “mala fama” que tenemos como país. El segundo factor que se conjuga es que nuestros procesos de compras y contrataciones públicas son cada vez más exigentes, precisamente porque se busca reducir esas oportunidades de corrupción. Pero la complejidad de las subastas públicas ha incrementado a un ritmo mayor que la capacidad, tanto pública como privada, para cumplir con todos los nuevos requerimientos.

Como ciudadanos, nos debería de dar lo mismo si la emisión de licencias la lleva a cabo una empresa privada o el andamiaje público, siempre y cuando el servicio sea de calidad y siga los estándares adecuados. Hoy en todo nuestro país se emiten 60 mil licencias de conducir, el tiempo de espera para tramitar este documento es de 20 minutos y hay 11 agencias en toda la república para realizar el tramite. Quién sabe ahora que pasará. De nuevo, casi con certeza, puedo afirmar que regresar a la PNC implicará incumplimiento de los niveles de servicio y probablemente se haga a un mayor costo por unidad. Ejemplo de ello son los papeles que se emitirán como “certificados” para conducir.

Esto huele mal. Da la impresión que se quiere retomar el control del negocio para regresar al manejo discrecional. La forma en cómo decidió la Junta de Licitación hace pensar que se rebuscó un detalle para eliminar esta oferta. Además, debemos subrayar el impacto que tendrá sobre la vida de miles de guatemaltecos ¡cada día! Cada día 2 mil guatemaltecos tendrán que madrugar más, tendrán que viajar más lejos, tendrán que pagar más por usar un tramitador, tendrán que soportar largas horas de colas, tendrán que acudir más veces (una para el certificado y otra para cuando vuelvan a emitir licencias), tendrán que ausentarse de sus labores o sus hogares. Tiempo y recursos valiosos que, a partir de esta decisión discrecional, ahora serán totalmente desperdiciados y que, quién decidió, no nos repondrá.

Pareciera que prevalecen intereses perversos que afectan a la ciudadanía. Estas licitaciones deben asegurar un proceso limpio y transparente para evitar la corrupción. Pero también se deben implementar procesos para dirimir controversias y así asegurar la continuidad del servicio. Es un abuso y desconsideración que un servicio tan importante, como la emisión de licencias, se vea abruptamente truncado. Ojalá que las autoridades, al escuchar el clamor ciudadano porque se mantenga este servicio, busquen y encuentren una salida legal a todo esto.