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La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos reportó un nivel de 593,507 detenidos a mayo 2019, el número más elevado en once años. En el caso de Guatemala, un aproximado de 15 por ciento de nuestra población hoy vive en Estados Unidos. Todos ellos han sustituido el sueño de una mejor vida en nuestro país, por el “sueño americano”.

 

Sin lugar a dudas el fenómeno migratorio es complejo. La mayoría de migrantes, asesorados por su coyote “de turno”, han cambiado su manera de “viajar”. Han pasado de cruzar la frontera de forma ilícita a entregarse a las autoridades y solicitar asilo. Aún y cuando las condiciones para solicitar asilo solo aplican a personas que teman por su vida, sufran persecución por su raza, nacionalidad, religión, creencias políticas o por ser integrante de un grupo social. El proceso de asilo en Estados Unidos es mucho más elaborado que la simple repatriación de quien cruzaba ilegalmente. En noviembre 2018 habían 6 mil 200 solicitudes de asilo. Tras ello mes a mes la cifra fue incrementando hasta llegar a 19 mil en mayo 2019. Los requerimientos de quien busca asilo son mucho más exigentes que los requerimientos para quienes solo cruzan la frontera, lo cual ha generado fuertes costos adicionales (cerca de $50 mil anuales por persona, según Homeland Security). El mantenimiento de los congestionados albergues, el funcionamiento de las cortes, entre otros, representan a Estados Unidos un gasto de $30 mil millones anuales. Ante una factura con tantos ceros, el presidente Trump busca alivio de forma desesperada (además que es la carta que juega para su reelección en 2020).

 

Tras haber sido “plantado” por el presidente Morales, el presidente Trump lanzó una serie de amenazas en contra de nuestro país, las cuales traerían consecuencias graves para nuestra economía. Eso reactivó las conversaciones sobre un posible pacto. Tras ello, hace unos días las autoridades de nuestro país firmó un acuerdo que, coloquialmente, cataloga a Guatemala como “tercer país seguro”. En pocas palabras, esto significa que todos aquellos migrantes que quieren asilo en Estados Unidos, quienes hayan pasado por Guatemala, permanecerán en nuestro país mientras se define qué pasará con ellos. Burdamente hablando, Guatemala representa una solución costo-eficiente para Estados Unidos. Una solución en donde no tiene que destinar millones de millones de recursos en el resguardo de migrantes en sus centros de detención.

 

No obstante, no todo está claro. En primer lugar, el hermetismo con que este pacto se negoció, combinado con las constantes negatorias del gobierno, ciertamente generan desconfianza. En segundo lugar, tampoco se tiene clara la carga que implica este acuerdo para nuestro país. ¿Seremos un centro de “procesamiento” en donde los migrantes esperarán el desenlace de su caso o seremos un país de asilo para los que buscan refugio en Estados Unidos? ¿Tendremos la obligación de ofrecer empleo y servicios básicos a estas personas? ¿Tendremos la obligación de brindar educación y salud a los menores? ¿Les tendremos que ofrecer seguridad a aquellos hondureños o salvadores que legítimamente han huido de las maras? ¿De dónde saldrán estos recursos? ¿Cuánto le costará a nuestro país? Lo que sí está claro es que nos toca escoger “el menos peor” de dos negativos: las nefastas consecuencias de las amenazas del presidente Trump, contra la incertidumbre de lo que implica este acuerdo para nuestra nación. A todo el mundo le gusta repartir ganancias, pero a nadie le gusta compartir en las pérdidas. Este es un tema de asumir responsabilidades.

 

Tenemos que entender que la migración nos muestra que las cosas no van bien. Los altos niveles de migración son un indicador de que hay algo que no funciona dentro de nuestras mismas fronteras. Un reciente estudio de Creative Associates explora 10 determinantes estadísticos que inciden en la probabilidad de emigrar. Entre ellos están ser víctima la violencia, el recibir remesas, haber sido víctima de abuso de autoridad, etc. Pero el detonante más fuerte es el factor económico. La gente quiere empleo. Es más, 70% de los guatemaltecos que migran lo hacen por su precaria condición económica.

 

El migrante ya nos demostró que está dispuesto a migrar 2mil 500 km para buscar empleo y una mejor vida. ¿Cómo no estará dispuesto a migrar tan solo 50 km de manera local y legal, para obtener un empleo en la ciudad intermedia más cercana? Si bien este acuerdo pretende solucionar el problema de hacinamiento en los albergues en Estados Unidos y el “abuso” al recurso de asilo, es un momento idóneo para que analicemos qué podemos hacer como país para solucionar este fenómeno.

 

Necesitamos encontrar soluciones de fondo. Esto pasa por analizar minuciosamente los verdaderos detonantes de la migración en los lugares en donde se origina y comprender las razones por las que estas personas se exponen a estos riesgos. Es de aplaudir que hace dos días, nuestro Ministerio de Trabajo firmó un acuerdo con Estados Unidos para permitir la migración temporal en forma legal y ordenada. Ello ayudará a prevenir la migración irregular y facilitará el proceso de reclutamiento de trabajadores en el sector agrícola. Sin embargo, falta mucho por hacer. Escuchemos a ese 70 por ciento de las personas que nos dicen que su razón de migrar es la falta de oportunidades. Como país debemos hacer una reflexión de fondo. Debemos activar nuestra economía, darle trabajo digno a los miles de guatemaltecos que tanto lo necesitan y convertirnos en un país donde los sueños sí se pueden alcanzar. Ojalá nuestro gobierno aclare las consecuencias de ser un “tercer país seguro” y conteste las interrogantes que esto supone.