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Hace algunas semanas el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil capturaron en Huehuetenango a cinco personas, presuntamente implicadas en lavado de dinero. Según las investigaciones, estas personas hacían grandes transacciones entre Ecuador, México y Estados Unidos. En menos de tres meses, los implicados habrían “lavado” cerca de $107 mil dólares.

Estas capturas fueron posibles a una alerta de transacciones sospechosas recibida por la Intendencia de Verificación Especial (IVE). De hecho, en los últimos meses los reportes de transacciones sospechosas (RTS) a la IVE han incrementado considerablemente. Así que este caso en Huehuetenango tendría que ser tan solo uno de muchísimos más. A finales de 2018, los RTS alcanzaron una cifra récord, al llegar a 4 mil 258 reportes. Hasta el pasado 24 de mayo, la IVE había detectado mil 791 reportes, cifra que sobrepasa al mismo período del 2018. No obstante, llama muchísimo la atención que, hasta la fecha mencionada, ante el Ministerio Público solo fueron presentadas 42 denuncias.

Este es un tema importante que nos debe preocupar bastante. Al ser un año electoral, se espera que haya un alza en los RTS, ya que el número de personas expuestas políticamente (Pep’s) aumenta y, con ello, se elevan los controles. Independientemente de ello, debe de preocuparnos la relativa inactividad de las autoridades ante los miles de RTS que los bancos, por ley, han realizado. Preocupa que esta actividad sospechosa es producto del lavado de dinero y de los múltiples negocios ilícitos que financia. Y preocupa aún más que nuestro país se esté convirtiendo en foco de este tipo de “negocios”.

Claramente hay mucha información que levanta sospecha, pero muy pocas denuncias reales. Es evidente que se lavan vastas cantidades de dinero en nuestro país de forma impune. Y es sumamente alarmante la actividad criminal que se gesta bajo nuestras narices y, aparentemente, con licencia para operar su lavandería libremente.

La semana antepasada afirmé que debemos reconocer al narcotráfico como uno de los problemas que afectan a nuestro país y priorizarlo en su justa dimensión. La fórmula comprobada, si queremos resolver este problema, es la de “seguir el dinero”. Recordemos que el crimen organizado transnacional lo integran grupos “diversificados” en distintas líneas de negocio como narcotráfico, contrabando, trata de personas, tráfico de armas, entre otros. El común denominador de todas estas líneas de negocio es la necesidad de “blanquear” su pisto. Como nación estamos frente al gigantesco monstruo de las redes ilícitas que, a como de lugar, quiere introducirse en las profundidades de nuestro Estado. Este monstruo pretende proteger sus rutas de trasiego desde las alcaldías, agenciarse de seguridad “privada” desde células de la policía, controlar nuestras Cortes para obtener fallos favorables, etc, etc.

Necesitamos instituciones fuertes y sólidas que puedan enfrentar esta problemática. Necesitamos que la operación de dichas instituciones se rija en un marco regulatorio que logre ese delicado balance entre la capacidad de judicializar estos ilícitos y el respeto al derecho de privacidad de las personas. A menos de un mes de las próximas elecciones, espero que todos estemos meditando nuestro voto. Ojalá que en los próximos foros presidenciables y de diputados los ciudadanos podamos consultarle a los candidatos a cargos públicos sobre las acciones concretas que piensan implementar para erradicar las redes de crimen organizado transnacional que lavan su pisto en nuestro “paraíso”.