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En mi última columna hice un ejercicio de álgebra judicial. Calculé el tamaño del reto que enfrenta nuestro sistema de justicia, basándome en la última medición del Flujograma de Justicia Criminal. Dicha herramienta nos permite entender el camino por el que transitan los casos penales y los cuellos de botella que les impiden avanzar. Para ello analiza la entrada y salida de casos en cada una de las instituciones que integran la cadena de seguridad y justicia, y así determina la eficiencia global.

 

La semana pasada evalué nuestro Organismo Judicial y les compartí la alarmante magnitud del reto que esa institución afronta. Esta semana traslado mi atención a nuestro Sistema Penitenciario. De acuerdo con el Flujograma, el nivel de hacinamiento en cárceles va de mal en peor y, sea dicho de paso, en condiciones totalmente infrahumanas e inseguras. Del 2017 al 2018 el hacinamiento incrementó de 340 por ciento a 352 por ciento. La razón de fondo es que la cantidad de espacios carcelarios no ha cambiado, pero el número de privados de libertad ha aumentado drásticamente en los últimos diez años. Entre 2000 de 2008, el crecimiento de la población carcelaria fue de 180 personas adicionales cada año. Luego del 2009, el promedio ha sido de 1600 personas por año. Este número de personas anuales equivalen a la capacidad que tiene una de nuestras actuales cárceles grandes. Para complicar la situación, cerca del 48 por ciento de esta población se encuentra en prisión preventiva, es decir que están guardando prisión sin haber recibido sentencia.

 

Todo esto nos convierte en uno de los países de la región con una de las tasas de ocupación carcelaria más altas, únicamente nos superan Filipinas (464) y Haití (454). Ciertamente la infraestructura carcelaria de nuestro país es insuficiente. La capacidad total de las 21 prisiones con las que contamos es de 8 mil 612 espacios, pero sobrepasamos esa cifra considerablemente (24,670 reos a febrero 2019), y tenemos un déficit de 16 mil espacios. ¿Construimos entonces más cárceles? Calculemos cuánto nos costaría.

 

A nivel latinoamericano la construcción de un espacio en una cárcel de mediana/mínima seguridad tiene un costo aproximado de $6 mil. En las construcciones más recientes de nuestra región, espacios de máxima seguridad han tenido un costo de entre $45 mil y $140 mil cada uno (México), $28 mil (Panamá) y $10 mil (El Salvador). En nuestro caso, Fraijanes I, fundada en 2005, tuvo un costo aproximado de Q10 millones. Su capacidad inicial era de 160 espacios, por lo que cada espacio costó Q62 mil. Asumiendo el mismo costo por espacio en Fraijanes I, cubrir el déficit implica una inversión de Q992 millones.

 

Siendo consciente de las limitaciones presupuestarias, considero que debemos avocarnos a métodos alternos que nos ayuden a reducir la actual crisis inhumana de hacinamiento. Una de estas medidas puede ser el uso de brazaletes electrónicos. Su costo diario (Q61) es comparable con la manutención de un recluso en prisión (Q57). Cualquier usuario de brazalete es un recluso menos para el que hay que construir un espacio. Otra medida a considerar podría ser el generar cortes especiales de desfogue para dar salida a reclusos que ya cumplieron sentencia o cuya estadía en prisión preventiva ya superó la potencial sentencia máxima. Hay que pensar fuera del cajón y evaluar otra opciones de financiamiento, tales como alquilar prisiones en lugar de obligar al Estado a construir las mismas.

 

No obstante todo lo anterior, pienso que como país tenemos un diálogo pendiente. Debemos reflexionar profundamente sobre el tipo de justicia que buscamos, ¿reparadora o punitiva? Me parece que, hasta cierto punto, las autoridades indígenas y ancestrales pueden darnos valiosas lecciones sobre cómo reparar daños y alcanzar la justicia de forma armoniosa. Según la cosmovisión maya, “el desequilibrio genera destrucción y autodestrucción”.

 

Ejercicios como este y la medición del Flujograma nos permiten encontrar oportunidades de mejora. Ciertamente necesitamos implementar proyectos que alivien nuestra mora judicial y que nos permitan alcanzar una justicia pronta y cumplida al menor costo posible. Lo que no se mide, no se mejora. Los invito a que sigamos de cerca la medición del Flujograma y, sobretodo, los planes de trabajo (en estos temas en específico) de nuestros posibles futuros gobernantes