Todos los días vemos noticias de procesos judiciales que vienen desde hace años y no parecen tener final, capturas de supuestos criminales quienes se quedarán quién sabe cuánto tiempo a la espera de una audiencia y a veces nos enteramos de audiencias suspendidas, que retrasarán todo ese proceso y, posiblemente, muchos otros.
Son tantos los actores que están involucrados en nuestro sistema de justicia criminal, que es difícil dimensionar el problema. Para llevar a cabo este ejercicio, Fundesa, con el apoyo del Cien, desarrolló el Flujograma de Justicia Criminal, una herramienta que analiza las entradas y salidas de casos para determinar la eficiencia de las instituciones que integran la cadena de justicia. El objetivo de este esfuerzo es entender la efectividad actual y usar una visión sistémica para identificar las oportunidades de mejora con mayor incidencia.
Hace una semana el Cien presentó la cuarta medición del Flujograma, la cual muestra una mejora en la eficiencia global. En 2018 se registró una eficiencia del 33.2 por ciento, esto significa que de cada 100 casos que ingresaron al sistema, se le dio salida a 33 de ellos. Hubo una mejora de casi 7 puntos porcentuales, ya que en 2017 el indicador de eficiencia fue del 26 por ciento.
Esto es positivo, pero el indicador aún es alarmante. Por ejemplo, solo a diciembre de 2018, se detectó un atraso acumulado en el Ministerio Público y el Organismo Judicial de 1 millón 230 casos pendientes de solucionar. Esto es preocupante porque los casos entran tres veces más rápido de lo que salen. Actualmente un proceso penal dura un promedio de 918 días y, en la medida que se acumulen más casos, es matemáticamente imposible reducir la mora judicial.
En Guatemala existen aproximadamente 6 jueces por cada 100 mil habitantes, tres jueces menos que la media en Latinoamérica (9). Según el Flujograma, en 2018 los 1046 jueces del sistema resolvieron 42 mil 590 casos. Eso significa que, en promedio, cada juez resuelve alrededor de 40 casos cada año. Sin embargo, para solventar los 168 mil casos que hoy ingresan, necesitaríamos casi 20 jueces por 100 mil habitantes. Dicha cifra parece ser elevada, ya que nos llevaría a estar más de dos veces arriba del promedio de la región.
Pero esto no es tan sencillo. La celeridad con la que un caso sale del sistema no depende solo de la cantidad de jueces que hayan trabajando. Depende también de la oralidad del proceso, de la disponibilidad de una sala (infraestructura) y del respeto que los implicados le den a las audiencias. Según el Primer Informe del Observatorio Judicial del Sistema de Justicia Penal, tras una observación realizada en junio 2017, se determinó que 32 por ciento de las audiencias programadas fueron suspendidas por distintas razones como incomparecencia de alguna de las partes, llegadas tarde, abandono del caso por parte del defensor, entre otras. Esto aumenta considerablemente los días de ese proceso y de los que están detrás de él. De igual forma, de nada serviría tener más jueces disponibles si no hay suficientes salas para llevar a cabo las audiencias. Por tanto, la verdadera solución de fondo probablemente nos lleve a la automatización de diversos sistemas como el sistema de trazabilidad de la evidencia, el sistema de notificación de las partes, de disponibilidad de salas, entre muchos otros.
Ciertamente la medición del Flujograma nos muestra en dónde están los cuellos de botella que generan los atrasos. Es claro que lo que necesitamos mejorar son los procesos. Por tanto tendremos que involucrar a ingenieros en procesos y en sistemas, para mejorar el flujo y la efectividad de nuestras cortes. El Flujograma es una herramienta invaluable que nos ayudará a seguir mejorando, por tanto, los invito a que lo monitoreen de cerca y también a que me acompañen a pedirle a nuestras autoridades que incorporen en sus planes de trabajo proyectos específicos y, sobretodo, que nos demuestren a través del Flujograma el impacto de sus iniciativas en sus niveles de eficiencia.
