A todos nos da miedo recibir llamadas de números desconocidos. Nos da miedo que, tras esa llamada, nos convirtamos en una de las tantas víctimas de extorsión que existen en el país. En los últimos años, las extorsiones se han convertido en la principal preocupación de seguridad ciudadana.
A inicios de esta semana la PNC reportó un aumento del 72 por ciento en las denuncias por extorsión, respecto al 2015. Ese año se registraron 5 mil 36 casos, mientras que en 2018 fueron 8 mil 672 denuncias. La tendencia se mantiene en los datos más recientes. En enero y febrero del presente, se contabilizaron 1,793 denuncias, lo cual es 30 por ciento más que el mismo periodo del 2018.
En ausencia de una encuesta de victimización, es difícil cuantificar el fenómeno de las extorsiones. A todas luces pareciera que es un fenómeno con una tendencia al alza y que se ha masificado. Según las autoridades ahora cualquiera extorsiona, ya no es un crimen “exclusivo” de las pandillas. Según un análisis de Insight Crime, el incremento de bandas de “imitadores” ha propiciado el alce de denuncias de este crimen.
Estos grupos toman la extorsión como una manera de ganarse la vida. Ellos se informan en los medios de comunicación sobre los nombres de las bandas que se encuentran operando y la manera en que lo hacen, para replicar esa información en el modo en que abordan a sus víctimas. Por aparte, en los últimos años más mujeres se han visto involucradas en este crimen. En 2014 habían 382 mujeres encarceladas por extorsión y en 2017 esta cifra llegó a 791 (de un total de 2 mil 612 mujeres presas). Por todo esto, el enfrentamiento de este flagelo se ha vuelto más complejo.
Las extorsiones afectan tanto a ciudadanos como a empresas. Su costo no solo es económico, también es psicológico y social. Al sembrar miedo en la población, generan desconfianza y aislamiento social, por lo que perturban la convivencia ciudadana. Recientemente Mixco fue escenario de un linchamiento, en el que se le prendió fuego a supuestos pandilleros extorsionistas a media calle. El que la ciudadanía tome la ley con sus propias manos, es un peligroso síntoma que nos alerta que se está llegando a un punto de desesperación, porque las autoridades no están haciendo lo suficiente.
El Flujograma de Justicia Criminal, cuya reciente actualización está siendo presentada hoy, es una herramienta que puede ayudarnos a buscar una solución a este flagelo. Este analiza la entrada y salida del total de delitos (sin especificarlos) para determinar la eficiencia de la cadena de seguridad y justicia. La herramienta se está convirtiendo en el estándar para evaluar la eficacia del sistema de justicia criminal. Estoy seguro que nos permitirá seguir mejorando. Eventualmente toda esta información podrá ser examinada más detalladamente (tipo de delito, ubicación, etc), para definir estrategia de combate concretas.
No obstante, el erradicar las extorsiones es función del grado de rechazo que le tengamos. Eso pasa por exhortar a las autoridades a que enfoquen más atención y recursos al combate de las extorsiones y, sobretodo, crear una cultura de denuncia en los ciudadanos. La denuncia es la base necesaria para lograr sentencias y, me atrevo a decir, la única forma de acabar con las extorsiones. En ese sentido, hemos pasado de lograr solo una sentencia condenatoria en 2009, a 692 en 2017. Para denunciar sin miedo, contamos con plataformas como Crime Stoppers (tupista.gt). Recordemos que esa valiosa información que le entregamos a las autoridades se traduce en sentencias condenatorias las cuales, a la larga, son un importante disuasivo para quienes optan por este modo de vida.
No es normal vivir con miedo. No es normal que nos despojen de nuestros bienes a la fuerza. No es normal que tengamos que mudarnos a otra zona o cerrar nuestro negocio para resguardar a nuestros hijos. ¿Hasta cuando vamos a permitir todo esto?
