A finales del 2018, el gobierno mexicano cerró los ductos de combustible para cambiar su forma de suministro con el fin de acabar con el “huachicoleo”, el robo de combustible por parte de redes criminales. Con esta medida se regresó a transportar la gasolina en camiones, una manera mucho menos eficiente. Como era de esperarse, empezaron a darse situaciones de desabasto e incrementos de precio, provocando caos e incertidumbre. En Guatemala comienza a suceder una situación similar con nuestra red eléctrica.
Desde hace varios años contamos con una red de electricidad ejemplar, a mi parecer, de orgullo nacional. Tenemos una red de distribución muy bien desarrollada y un sistema moderno que nos permite gozar de energía asequible, sin cortes ni desabastos. De hecho, el 91 por ciento del país está conectado gracias a ello. Pero estos logros están en riesgo.
El lunes, en Coatepeque, Quetzaltenango, un grupo de personas violentó (de nuevo) las instalaciones del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) para realizar conexiones ilegales. Esto provocó una falla masiva que dejó sin energía a 55 mil habitantes de 7 municipios de esa área. Una vez más, Coatepeque se convierte en tierra de nadie, en dónde el diálogo y las leyes no se respetan. Para complicar el panorama, el martes nuestra Corte de Constitucionalidad dio a conocer que declara inconstitucional el Acuerdo Gubernativo 145-2013, “Plan de expansión del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica”, por supuestas violaciones al Convenio 169 el cual, dicho sea de paso, aún no cuenta con un reglamento que nos guíe en su cumplimiento.
Ambos sucesos nos deben preocupar, y mucho. Es lamentable que un pilar fundamental para el desarrollo incluyente de nuestra nación sea tumbado. El robo de energía y la obstaculización de medidas que velan por el desarrollo, harán imposible el acceso a electricidad. Las redes de transmisión eléctrica son las “carreteras” que transportan energía. Su construcción es fundamental para disminuir las pérdidas y cortes eléctricos (originadas por la saturación de líneas existentes). Asimismo, reducen los costos de transporte de electricidad, lo cual se refleja en el precio que paga el consumidor. Esto no puede darse sin la construcción de proyectos de expansión del sistema de transporte de energía. Por otro lado, el sabotaje de las líneas existentes por grupos criminales pone en riesgo todo el sistema.
Lamentablemente, esto no es historia nueva en nuestro país. Ya hemos sido testigos de un panorama similar con las resoluciones en contra de hidroeléctricas y minas. Parece ser que no importa si se tienen todos los permisos y licencias legales para operar, ello no garantiza la ejecución de los proyectos. Estas iniciativas “disfrazadas” pretenden ser beneficiosas para la población pero, en realidad, son nocivas y, particularmente, dañinas para las poblaciones más vulnerables.
Sin electricidad no hay desarrollo. Hoy contamos con una amplia cobertura eléctrica a un precio asequible. Derivado de estos sucesos, es posible que haya desabasto de energía, así como está sucediendo con la gasolina en México. Sea por el robo de energía o por esta agenda de conflictividad, la electricidad está en riesgo y, muy probablemente, su precio incrementará. ¿Les parece justo que se nos encarezca la luz por estos robos o por estos grupúsculos que promueven una agenda de conflictividad? ¿Acaso no queremos desarrollo para nuestro país?
