Guatemala es un país de paradojas. En 1956 fuimos pioneros al crear un complemento alimenticio único en el mundo que pretendía acabar con la desnutrición crónica infantil (DCI), la Incaparina. Más de seis décadas han pasado desde eso y seguimos siendo un país con altos índices de este flagelo, ¿Cómo es eso posible?
46 por ciento de los niños guatemaltecos sufren de DCI, en otras palabras, 1 de cada 2 niños. Ello nos convierte en el país con la mayor tasa de DCI en toda Latinoamérica, esto es una vergüenza. Hoy, en Guatemala, suman 8 millones de personas (adultos y niños) que están desnutridas crónicamente en algún grado. El daño que tienen en su cerebro es de por vida e irreversible. Su desarrollo emocional y físico es deficiente, les cuesta aprender y les cuesta salir adelante.
¿Qué explica esos 60 años en los que hemos ignorado un problema tan evidente? Una parte de la explicación es que no hemos definido una verdadera política de Estado para atender esta alarmante situación con calidad de urgencia. También se debe a la ausencia del Estado en muchas partes del país y la poca capacidad de gestión en dónde sí tiene presencia. Por último, otra parte del problema son todos aquellos que hacen negocio con la cosa pública. A pesar de las innumerables iniciativas impulsadas que buscan acabar con la DCI, el resultado ha sido casi nulo.
Un ejemplo es la farsa del Pacto Hambre Cero, impulsado por el gobierno del partido Patriota. Millones de recursos fueron destinados a esta iniciativa sin mayor provecho. Yo personalmente estuve presente en el Clinton Global Initiative (septiembre 2012) cuando el ex presidente Bill Clinton felicitó a Otto Pérez Molina por su esfuerzo en reducir la DCI a través del pacto en cuestión. Por medio de este, se realizaban compras millonarias de alimentos podridos y vencidos que luego se repartían a comunidades en necesidad. El colmo de todo es que los supuestos datos de mejora eran estadísticas manipuladas por Sesan.
Un año después, en ENADE 2013, 17 representantes partidos políticos firmaron el Primer Acuerdo de Desarrollo Humano. Esto fue trascendental, ya que se logró un consenso para sentar las bases de una política de Estado. Era un acuerdo amplio en que los secretarios generales de las distintas agrupaciones políticas llegaron a un mismo compromiso, para atender las necesidades que tenemos como país y generar cambios en ámbitos como nutrición y educación, para así transformar Guatemala. Les pregunto a los liderazgos políticos, ¿en dónde quedaron esos compromisos? No pasó nada.
Pareciera que la DCI a nadie le importa. Debemos despertar hoy y definirla como una prioridad nacional. Cada día que pasa implica daños irreversibles a miles de cerebritos. No podemos permitir que este flagelo continúe. Recordemos que la DCI es un problema multi causal, tiene que ver con acceso a agua, vivienda digna, aseo, empleo, ingresos, entre muchas otras cosas. Por tanto, necesitamos una política pública de inversión social a largo plazo que aborde integralmente esta situación. No podemos permitir que nuestras autoridades sigan ignorando este tema. Exijámosles que lo prioricen. Exijámosles acciones contundentes y de impacto. Exijámosles un verdadero cambio.
