Policías con heridas graves que han puesto en riesgo su vida, balaceras, saqueos y secuestro de autoridades. Coatepeque, Quetzaltenango, parece ser tierra de nadie. Vecinos ocasionaron una serie de disturbios violentos, exigiendo la reconexión del servicio eléctrico.

 

Energuate suspendió el servicio de electricidad a miles de clientes de Coatepeque, por falta de pago y robo de energía. Tras el secuestro del alcalde de esta localidad, la empresa decidió restablecer el servicio y los vecinos se comprometieron a participar en una mesa de diálogo.

 

En muchos lugares del país se repite esta problemática. Es un conflicto con diferentes causas pero, a mi parecer, estamos ignorando el principal: el alumbrado público. Este servicio nos sale carísimo a todos los guatemaltecos. El servicio no está regulado y, por tanto, es objeto de múltiples abusos. Según la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), consumidores de todo el país pagan más por ese servicio que por el propio consumo en su hogar. Y ¿quién realiza esos cobros? Las municipalidades son las encargadas de administrar, regular y prestar el servicio de alumbrado público, por consiguiente, deben determinar el cobro de tasas y contribuciones “equitativas y justas”. Esto no sucede.

 

Un sinfín de municipalidades abusan de su autoridad para realizar cobros desorbitantes por el alumbrado público afectando, sobretodo, a la población más necesitada. De acuerdo con la CNNE, para el 57 por ciento de usuarios de DEOCSA, el pago de este servicio representa más de la mitad de su factura mensual. Estas altas tarifas generan descontento y confusión en todos los usuarios del país. Las personas creen que están pagando electricidad cara pero, en realidad, pagan un impuesto regresivo de alumbrado público que las municipalidades incluyen dentro de su factura. Este no tiene relación con el consumo de energía en sus hogares. ¿Por qué entonces estamos obligados a pagarlo, si ya pagamos otros impuestos como el IUSI? ¿Quién audita a las municipalidades? ¿Quién le pone un tope a las tarifas? ¿Quién supervisa que los proveedores de alumbrado municipal estén entregando el servicio estipulado?

 

El cobro excesivo por alumbrado público ha complicado el panorama sin que los guatemaltecos nos demos cuenta. Muchos optan por abstenerse de pagar y acuden a los “piratas de la energía” para conectarse ilegalmente a la red de distribución. Según Energuate, estas conexiones ilegales causan pérdidas de Q370 millones anuales. Son dos mil denuncias las que ellos han presentado. El robo de energía provoca daños irreparables a la red y pone en riesgo el bienestar de las comunidades, al violar las normas de seguridad. Además, impide el desarrollo del país y está sobrecargando el sistema.

 

No podemos permitir que la situación que se vive en Coatepeque persista y, peor aún, se repita en otros lugares. Se debe abrir paso a la regulación del alumbrado público y buscar mecanismos de ahorro en el monto total de la factura energética. Es momento que enfoquemos esta discusión y desenmascaremos al verdadero causante de este conflicto. No se trata de la privatización de este servicio y los demás argumentos que algunos defienden. Se trata del abuso del que todos somos víctimas.