El descanso de Semana Santa se fue tan rápido como vino. Probablemente varios de ustedes viajaron hacia algún destino de nuestro país, y fueron testigos del delicado estado de nuestra red vial. Estoy seguro que, para muchos, ello fue la causa de situaciones como largas esperas en el tráfico, daños a su vehículo y la pérdida de paciencia. ¿Será que algún día lograremos revertir esta situación?

 

Hoy más de la mitad (55.3 por ciento) de nuestras carreteras son de terracería. En 15 años, Guatemala ha sido el país de la región que menos ha invertido en infraestructura, destinando a ello únicamente 14 por ciento del PIB (tanto en lo público como en lo privado). En las últimas tres décadas, solo hemos construido 200 kilómetros por año. Contamos con una red vial de 16 mil 457 kilómetros, equivalente a un metro por habitante. Ello contrasta con países como Brasil, en dónde cada habitante cuenta con ocho metros. Al ritmo que vamos, nos tomará dos siglos tener los 50 mil kilómetros que necesitamos para pasar de uno a tres metros por habitante.

 

Para cambiar este panorama, como parte de la propuesta de Enade 2017, un grupo de expertos ha trabajado durante los últimos siete meses una propuesta de ley. Se trata de un nuevo modelo de adquisición de infraestructura, el cual fue presentado esta semana en Comisión de Economía junto al Consejo Económico Social en presencia de representantes del BID, del BM, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Comunicaciones. Su objeto es “regular el correcto desarrollo de la planificación, financiamiento, adquisición del derecho de vía” así también como “la contratación, construcción, mantenimiento, gestión, operación, supervisión y uso de la infraestructura vial”. Todo ello con el fin de lograr la conectividad del país, “propiciando el transporte oportuno, seguro y eficiente de personas y bienes”.

 

Esta propuesta es un plan nacional de infraestructura vial, con una proyección de 30 años y actualizaciones periódicas. Contempla la creación de una Superintendencia de Infraestructura Vial, una entidad autónoma y descentralizada cuya función será planificar, licitar y contratar los proyectos que se estructuren con visión a largo plazo. Tal institución estaría integrada por varias intendencias, quiénes serán encargadas de supervisar y remunerar a los desarrolladores de los proyectos. Por su parte, el Ministerio de Comunicaciones mantendría la rectoría en materia de infraestructura, pero sus funciones serán apegadas al diseño de políticas públicas.

 

La elaboración de esta propuesta de ley inició con un análisis de derecho internacional comparado. Fue estudiada la legislación de naciones que han llevado a cabo procesos exitosos en este sentido, como Chile, Colombia, México, Perú y España. Además, se evaluaron las 500 disposiciones existentes en nuestro país y se identificó el inventario de obstáculos al desarrollo de infraestructura vial y opciones para resolverlos. En ese sentido, un tema que preocupa mucho es la corrupción. En el pasado hemos visto como contratos de este tipo han sido viciados para beneficiar a unos cuantos, como el caso Odebrecht. Sin embargo, esta propuesta de ley justamente vela por eliminar muchos de estos vicios y conflictos de interés que han propiciado esa corrupción.

 

Para esclarecer estas lagunas, este proyecto debe ser analizado detenidamente por el Congreso. Por mi parte, tengo una actitud optimista al respecto. Este año he visto cambios decididos por parte de nuestras autoridades hacia la activación económica que tanto necesitamos. Entre ellos está la aprobación de las reformas a la Ley de Garantías Mobiliarias y la aprobación de la Ley de Factoraje. Ojalá que la propuesta de infraestructura también se pueda contar como uno más de esos logros del Congreso, de momento, esta semana la propuesta fue bien recibida por nuestros diputados.

 

Independientemente de la procedencia de esta propuesta, los animo a que indaguen en su contenido y la adopten. Nos toca acompañar esta discusión en el Congreso y exigirle a nuestros legisladores la priorización que merece. Tenemos que tener claro que el fin de este proyecto no es solo construir carreteras. Las carreteras son el medio para un fin más grande: construir un mejor país. Si tuviésemos que escoger tan solo una acción o una ley para transformar Guatemala, sería esta. No es secreto la precaria condición de nuestras carreteras, pero muy pocos dimensionan las repercusiones que esto genera. Todo nuestro sistema económico, político, turismo y los mecanismos de convivencia social, se mueven a través del sistema de infraestructura vial. Por tanto, si nuestro sistema vial no está en óptimas condiciones, lo demás no funciona, ¡no nos podemos seguir quedando atrás! Velemos por los cambios que necesitamos para conectar Guatemala.