Cuando se planteó el proyecto de Reformas Constitucionales en el Congreso, muchos guatemaltecos pegaron el grito en el cielo. En redes sociales yo leía cómo algunos sugerían que estas reformas eran aberrantes al crear un cuarto poder en nuestro país. Sin embargo, les tengo noticias, y es que ese cuarto poder ya existe. Su nombre es: Corte de Constitucionalidad.

 

La organización del Estado de Guatemala se divide en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Este último está constituido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el máximo órgano encargado de impartir justicia en nuestro país. Por otro lado, se encuentra la Corte de Constitucionalidad (CC), un órgano extra poder y totalmente independiente de estos tres poderes. Según explica el artículo 268 del capítulo IV de nuestra Constitución, la función esencial de este organismo es “la defensa del orden constitucional”. Seguidamente, el artículo 272, sobre “Funciones de la Corte de Constitucionalidad” especifica nueve funciones de la CC. Entre ellas están “conocer y resolver lo relativo a cualquier conflicto de jurisdicción en materia de constitucionalidad”, “emitir opinión sobre la constitucionalidad de los tratados, convenios y proyectos de ley”, y otras. Cada una de estas nueve funciones tienen relación, de una u otra forma, con la defensa de la constitución.

 

Pero además de comprender la razón de ser de este organismo, es importante que reconozcamos que, en nuestro país, opera un sistema de control constitucional mixto. Esto quiere decir que hay un órgano especializado en justicia constitucional (la CC), y pueden existir ciertos casos de materia constitucional que también conoce la jurisdicción ordinaria (la CSJ). Este sistema de control constitucional no coloca a ninguno de estos órganos por encima del otro, ninguno es superior al otro ya que, como bien lo explica la misma Constitución, son independientes entre sí.

 

Sin embargo, me parece que tanto la razón de ser de la CC así como sus funciones, se han desvirtuado. Pienso que los guatemaltecos hemos llegado a un punto en que hemos alejado a la CC de su fin original, “la defensa del orden constitucional”. Además, hemos llegado al punto de catalogar a la CC como un órgano supremo, por encima de la CSJ o cualquiera de los otros poderes. En algunos casos, inclusive algunas resoluciones “instruyen” a la CSJ en cómo debiesen de resolverlos. Las sentencias son cada vez más políticas que técnicas. Además, los magistrados que en su proceso de postulación abiertamente digan que van a ir a “hacer política” en lugar de “defender la Constitución” deberían de estar vedados del proceso. Dado lo politizado del tema, se visualizan importantes “lobbies” para incidir sobre los magistrados y sus pronunciamientos. Si los fallos fueran acorde a ley, no habría necesidad de esos “lobbies” pero, como se prestan a “las presiones ciudadanas”, entonces se abre paso a la desvirtuación de la CC.

 

Hoy la premisa es “todo va para la CC”. Casos que poco tienen que ver con la constitución o su defensa, llegan a las manos de los cinco magistrados de la CC para su resolución. Un ejemplo es el caso de la Escuela Normal Bilingüe Intercultural del cantón Xolacul, en Nebaj, Quiché, donde la CC resolvió a favor del Consejo de Padres de Familia de la escuela, para restituir la carrera de Magisterio. Según la CC, con su resolución restableció “los derechos de los jóvenes y padres de familia que se habían violentado al clausurar la carrera de Magisterio” por el Bachillerato con Orientación en Educación. Me pregunto, ¿cómo así? ¿qué tiene que ver eso con la defensa de la Constitución?.

 

Entiendo perfectamente que una Constitución es un documento vivo que debe de irse adaptando a los tiempos. Para ello es que debe servir la luz de la corte y la jurisprudencia de sus fallos. Pero hoy los guatemaltecos hemos pervertido la CC y la hemos bautizado, injustificadamente, como un cuarto poder, ignorando por completo su verdadero fin y razón de ser. Sin darnos cuenta, hemos puesto en peligro la defensa de la ley suprema que nos rige. El insertar la agenda política nubla el panorama y reduce la transparencia y certeza para todos nosotros ciudadanos de esta gran nación.