Lamento la forma en que se ha liderado el proceso de reformas constitucionales. Lejos de aprovechar el ímpetu ciudadano por fortalecer la justicia y luchar contra la corrupción, ha fomentado enfrentamientos innecesarios y divisiones en la ciudadanía guatemalteca. Me pregunto, ¿logramos algo positivo con ello? ¿estamos velando por la aprobación de reformas responsables? ¿mantenemos en mente el principio central de este esfuerzo, que era robustecer la justicia y luchar contra la corrupción?
Existen una serie de cambios que, desde cada sector, queremos introducir a nuestra Constitución. Cada quién velará por la urgencia de lo suyo. Sin embargo, nos comprometimos a un proceso de reformas enfocado, el cual fue desvirtuado en el camino. ¿Por qué cooptar un esfuerzo de fortalecimiento de justicia y de las instituciones jurídicas del país? ¿Por qué introducir otros temas que no fueron discutidos en las mesas de trabajo o no lograron un adecuado consenso? Ello arriesga la viabilidad del proyecto de reformas. ¿Quién asume la responsabilidad de esta oportunidad perdida para implementar las reformas específicas que sí fueron consensuadas en las mesas de diálogo? Ciertamente nos han llevado a un enfrentamiento innecesario.
Quiero ser claro. No tengo nada más que admiración a las autoridades indígenas ancestrales, quienes han ejercido su rol ad honorem y siguiendo prácticas milenarias. No obstante, el texto propuesto de jurisdicción indígena, dejaba vacíos y más preguntas que respuestas sobre la forma y los cambios que sufriría el sistema de justicia indígena. Estoy muy consciente que la población aclama acceso a justicia pronta y cumplida, la cual hoy no llega a todos los rincones del país. No obstante, la aprobación irresponsable de reformas que carezcan de mecanismos de coordinación adecuados, que no contengan suficientes límites y que estén llenas de ambigüedades, sin duda alguna, debilitará todo nuestro sistema de justicia.
Recordemos que el proyecto de reformas constitucionales surgió como respuesta a la demanda ciudadana por fortalecer el poder judicial y combatir la corrupción. Las marchas masivas del 2015 son prueba que a los guatemaltecos nos une un mismo fin: la búsqueda de una nación justa y soberana. Sin embargo, el actual proceso evidencia que rápido caemos en algunos viejos hábitos del pasado, es por ello que debemos mantenernos muy enfocados en los temas que nos unen para ir construyendo confianza. Es lamentable que hayamos desperdiciando esta oportunidad y que hayamos desaprovechado la gran inercia ciudadana que respaldaba estas reformas.
En ese sentido, es sumamente importante que reflexionemos sobre los errores del actual proceso y tomemos nota de las lecciones aprendidas. De momento, me tomé la tarea de remarcar las siguientes: (i) exigir un mayor diálogo en temas controversiales para eliminar ambiguedades, (ii) dejar de lado aquellos temas que no discutieron o en los que no se alcanzó un consenso, (iii) recibir insumos técnicos de juristas, (iv) incluir análisis de derecho comparado y experiencias en otros países y (v) corregir el proceso de modificaciones antojadizas y de último momento.
Como país, no tenemos una hoja de ruta que defina un proyecto común para reconstruir nuestra nación y sacarla adelante. Nos urge crear un plan consensuado entre los distintos actores y sectores. Ciertamente el sector político vive una época de credibilidad erosionada, por lo que este reto no puede descansar solo en ellos. Debe de ser algo de todos y arranca por diseñar un proceso de diálogo incluyente. Dicho diálogo debe abordar temas difíciles, tales como la agenda fiscal, el fortalecimiento de nuestras instituciones y particularmente las de justicia, la meritocracia y la carrera en el servicio civil, los esquemas para fomentar el desarrollo en el interior del país, entre muchísimos otros. Pero en lugar de ello, nos hemos dedicado a etiquetarnos unos con otros, desaprobar las preocupaciones y reflexiones de algunos y de dividir.
No podemos permitir una polarización mayor, nuestra Guatemala no aguantará más. Debemos sanar las heridas del pasado y abrir un diálogo nacional que nos ayude a consensuar un proyecto de país definido, el cual nos permita sobrepasar nuestras diferencias, reconciliarnos como nación y darnos la empatía suficiente para poder discutir temas difíciles y complicados. Espero que el Congreso se de la tarea de analizar profundamente cada uno de los artículos que el proyecto de reformas constitucionales propone, para así aprobar reformas responsables que fortalezca el sistema de justicia. De lo contrario, las consecuencias pueden ser nefastas y el único perdedor será Guatemala. Ojalá que no perdamos por completo la oportunidad de construir un mejor país y suscribir aquellas reformas que fortalezcan nuestra justicia y afiancen la lucha frontal contra la corrupción.
