Pareciera que cada día estalla un nuevo escándalo de corrupción. A la fecha son cinco los casos que la CICIG y el MP han dado a conocer. Estos sucesos de corrupción nos han robado al menos Q870.8 millones, recursos que pudieron haber sido invertidos para beneficiar a los guatemaltecos más necesitados. Ahora que la información ya salió a la luz, ¿qué falta? ¿cuándo llegará la justicia? ¿dónde están las sentencias?
Desde el acto de denuncia por corrupción, cada proceso penal se decanta por vías alternas en búsqueda de una sentencia. La solicitud de antejuicio por corrupción la presenta el MP y esta queda a la espera de que la CSJ le de su trámite. De esta forma el Congreso está obligado a formar una Comisión Pesquisidora, la cual está encargada de evaluar las pruebas, escuchar a las partes y revisar informes, para así presentar al Pleno su recomendación. Si el Congreso da lugar al antejuicio, el MP hace la investigación correspondiente. Si ésta reúne todos los elementos suficientes para continuar con el caso, se lleva al juzgado designado para procesar el antejuicio. Es aquí donde inicia el proceso de audiencias -inicial, intermedia y de debate- para llegar a una sentencia.
Sin embargo, la única condena que recibe la mayor parte de casos es la del olvido. Existen varias explicaciones de porqué se estancan los juicios: (i) el MP no recaba la evidencia suficiente para hacer un planteamiento contundente, (ii) el juez a cargo decide “engavetar” el juicio porque su voluntad ha sido comprada o porque su lealtad pertenece a algún partido político o, sin ser exhaustivo, (iii) dentro del mismo Congreso se conjugan intereses para entrampar la Comisión Pesquisidora.
Ciertamente la corrupción alcanza a las instituciones de justicia y por esa misma razón los casos no avanzan. No obstante es importante que comprendamos que cualquier proceso jurídico debe vencer una serie de obstáculos independientes o adicionales a la propia corrupción dentro del sistema. Estos obstáculos incluyen insuficiencia de recursos, alta carga de trabajo, falta de competencias técnicas –por ejemplo auditoría forense, trazabilidad de dinero-, etc. Todas estas fallas no parecen ser de mala fe, pero sin duda son algunas de las razones por las que ciertos casos de corrupción no se logran armar ni llegan a sentencias. De hecho, la efectividad de la Fiscalía de Corrupción del MP llegó a 34.7%, en donde únicamente 41 casos de las 124 denuncias tuvieron una salida efectiva.
Aun reconociendo las fallas por corrupción y derivadas de las carencias del sistema de justicia, no tenemos porqué dar por perdida la lucha contra la corrupción. Para que la situación cambie, podríamos comenzar por (i) una priorización de casos buscando “freír a los peces gordos”, para que así se genere un efecto disuasivo en los más pequeños; (ii) apoyar a la implementación de esquemas que visibilicen los nudos en la cadena de justicia, me refiero a dar visibilidad de la gaveta específica en la que está estancado el caso; (iii) tener un mecanismo real de sanciones a jueces y a aquellos que buscan influir ilegalmente; (iv) apoyar a que se lleven a cabo proyectos de capacitación interna, por ejemplo dentro de las fiscalías que llevan casos de alto impacto, para garantizar que estos profesionales tienen las competencias y las herramientas para llevar este tipo de casos; y (v) velar por la automatización de procesos en las cortes. De esta manera todos los documentos pueden fluir automáticamente en versión digital, lo cual implicaría ahorros y eliminaría la discrecionalidad que hoy existe por engavetar un documento y dejarlo en el olvido.
El continuo destape de escándalos de corrupción me lleva a plantear la siguiente interrogante: ¿es este un verdadero despertar de cada uno de los guatemaltecos (ciudadanía, políticos y gobernantes), o será nada más una “llamarada de tusa”? Estoy seguro que cualquier ciudadano guatemalteco de bien quiere vivir en un país con un estado de derecho sólido y con una justicia que se aplica por igual y de forma expedita. La cadena entera de justicia debe funcionar hasta lograr sentencias firmes para quienes sean culpables de habernos robado el sueño de un mejor país. En ese sentido, Guatemala necesita que su siguiente generación de políticos se comprometa con respaldar al sistema de justicia para condenar a aquellos que se han burlado de la ley. ¡Basta de discursos contra la corrupción! Necesitamos acciones que demuestren que son candidatos distintos. Guatemalteco, en las próximas elecciones NO se nos puede colar ningún corrupto. Hemos salido a las calles para protestar en contra de la corrupción, llega el momento de ser consecuentes y hacer la misma protesta a nivel de las urnas.
