El pasado viernes el caos vehicular llegó al límite de tolerancia de todos los guatemaltecos. Muchos fuimos afectados por este ataque a la ciudadanía, grupos organizados de manifestantes bloquearon los principales accesos a la capital durante cinco horas. Lamentablemente, esas cinco horas representaron irreparables daños para miles de ciudadanos.
Según reportaron los medios del país, los manifestantes se hacían llamar Alianza-Obrero Campesina (AOC), organización que a la fecha era desconocida. Sin previo aviso, este grupo de personas obstruyeron con alambre de púas y buses el paso vehicular, violando la ley y sin que la PNC u otra autoridad interviniera. Ellos exigían a la CICIG y al MP investigar a ciertos empresarios que ellos señalaban como “evasores de impuestos” en el caso La Línea, la aprobación de algunas leyes, como la Ley Monsanto (derogada el pasado septiembre), entre otras demandas. Sin embargo, la procedencia de esta organización es dudosa. La AOC sostenía que estaba conformada por organizaciones como la Asamblea Nacional del Magisterio, la Unión Nacional Campesina (UNAC), la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC), la Alianza Campesina, el Frente Nacional de Lucha (FNL) y otros. Por su parte, la CONIC y la UASP negaron su participación en los bloqueos.
Sea quien haya sido y cualesquiera que hayan sido sus intenciones, es lamentable que con estos hechos: (i) no se haya respetado la ley y (ii) se hayan violentado los derechos de los guatemaltecos. Más allá de las pérdidas personales de cada ciudadano, los manifestantes ignoran por completo los enormes costos que este tipo de bloqueos sin previo aviso le ocasionan al país. Los ejemplos son innumerables y no todos son de naturaleza monetaria: el accidentado que no llegó a tiempo a la sala de emergencias del hospital, la familia que no pudo presenciar la graduación de un hijo, el joven que perdió una oportunidad de empleo por llegar tarde a su entrevista, o el agricultor que perdió su cosecha porque se estropeó antes de llegar al mercado.
Como ciudadanos tenemos el derecho a la libre expresión y a la manifestación. Dichos derechos son respaldados por los artículos 35 y 33 de la Constitución Política, respectivamente. Sin embargo, el artículo 33 específica que “para el ejercicio de estos derechos, bastará la previa notificación de los organizadores ante la autoridad competente”, cosa que no sucedió el viernes. Además, este derecho es regulado por la ley con el objeto de “garantizar el orden público”. No obstante, queda en tela de duda dónde quedó la validez de (i) el artículo 26 de la Constitución, sobre la libre locomoción y de (ii) la Ley para la Circulación por Carretera Libre de Obstáculos, cuyo objeto es “garantizar que puedan circular sin tropiezo alguno los vehículos que transitan por las carreteras del país” y donde se prohíbe el bloqueo de las mismas.
Todo derecho se enmarca en un conjunto de derechos por lo que gozar de uno no implica poder violar otros derechos, como el respeto. Quizás podamos aprender de la experiencia en EEUU donde, a través de la Primera Enmienda, se garantiza la libertad de expresión siempre que se respeten otros derechos fundamentales. La Corte Suprema de EEUU le da vida a este principio a través de la norma de “Time, Place, and Manner”, en español “Horario, Lugar y Forma”. Esta norma vela por el derecho a la manifestación dentro de un marco de convivencia armoniosa al normar el horario, las ubicaciones y la forma respetuosa de la protesta. A Guatemala le hacen falta este tipo de límites.
Sin duda alguna, la expresión del pueblo es algo muy positivo. Las manifestaciones recientes de #RenunciaYa y #JusticiaYa han evidenciado el poderoso freno del pueblo ante los abusos de corrupción. Sin embargo, estas manifestaciones contrastan fuertemente con las del viernes pasado, ya que fueron irrespetuosas de la ley y de los derechos del prójimo. ¡Sigamos manifestando! Pero hagámoslo en un marco de “Horario, Lugar y Forma” para asegurar el respeto a los derechos de los demás. De hecho, ese respeto mutuo es la base de la convivencia.
En nuestras manos está trazar el camino hacia una mejor Guatemala. Basta ya de dividir a la ciudadanía. Velemos por la convivencia y porque se respeten TODOS nuestros derechos.
