El pasado 28 de noviembre, el Congreso Nacional de la República aprobó de “urgencia nacional” el Presupuesto General de la Nación para el 2015. Tras este suceso, pareciera que la sociedad guatemalteca se expresa en unísono en tono de preocupación. El presupuesto fue aprobado de forma cuestionable sin el debido análisis de las consecuencias que tendrá a la economía y al Estado de Derecho de nuestro país. 

Con el presupuesto 2015, el Ejecutivo contará con una asignación de Q70.6 millardos para el próximo año, esto autoriza inmediatamente: (i) la emisión de Q2.8 millardos en bonos para 2014, (ii) emisión de Q4 millardos en bonos para 2015 y (iv) cuatro préstamos -BIRF, BCIE, BID, Banco de China Taiwán- por US$890 millones. Aprueba además el aumento a tres diferentes impuestos: (i) reformas a la Ley de Minería, (ii) Impuesto a líneas de telefonía fija o móvil y (iii) el impuesto a la distribución de cemento.

Con todo y sus defectos, su aprobación supone una serie de virtudes que se deben de resaltar: se genera certeza jurídica, se facilita la fiscalización y se financia el proceso electoral. Además, se redujo el déficit propuesto, de los Q12.3 millardos (2.5% del PIB) originalmente planteados, a unos Q10 millardos (2.0% del PIB) en el presupuesto aprobado.

Sin embargo, existen algunos detalles que dejan entrever lo malo y perverso del presupuesto 2015. En primer lugar, no se redujo el monto del gasto y la supuesta reducción del déficit que los diputados presentaron se debe al aumento de los ingresos con nuevos impuestos. Estos posibles ingresos no son certeros, ya que no fueron evaluados técnicamente ni gozaron de la aprobación previa por parte de la SAT. En segundo lugar, en comparación con el presupuesto inicialmente propuesto, el presupuesto aprobado aumenta los gastos corrientes y reduce (aún más de lo bajos que ya estaban) en Q1 millardo los montos de inversión, respecto del año anterior. En tercer lugar, los gastos superfluos, opacos y clientelares siguen aumentando: (i) hay una extraña asignación de Q1.9 millardos al MICIVI dentro de las Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, (ii) permanecen otras asignaciones millonarias a ONG’s y (iii) aumentan los rubros salariales del MINEDUC y del MSPAS. Y, finalmente, continúan pagándose gastos corrientes (como el programa del Adulto Mayor) con recursos provenientes de deuda pública, lo cual es una aberración, ya que viola el espíritu constitucional y lo dispuesto en la Ley Orgánica del Presupuesto.

Más allá de los tecnicismos dudosos que se dejan entrever en su contenido, la forma abrupta, poco técnica e improvisada en que se discutieron sus enmiendas es altamente cuestionable. Por un lado, la Comisión de Finanzas apenas se reunió para deliberar sobre el tema y no tuvo la capacidad de escuchar a la opinión de la sociedad civil. Por el otro, el día de la aprobación, la mayoría de diputados desconocía por completo el dictamen correspondiente, dando lugar a discusiones violentas y levantamientos de voz innecesarios dentro del Pleno. Esto debilita enormemente el rol del Congreso y de sus comisiones de trabajo como representantes del pueblo, además de erosionar la división de poderes del Estado. A ello se le suma el inexistente análisis técnico y estudios de impacto que certifiquen que los ingresos presupuestados tienen alguna probabilidad de concretarse. El discurso de reformar la SAT antes que imponer nuevos tributos quedó en pura demagogia.

La aprobación al presupuesto 2015 denota un retroceso a los avances en materia de transparencia, efectividad y controles del gasto público. Una gran cantidad de normas presupuestarias aprobadas contravienen los avances en materia de transparencia que ya contempla la Ley Orgánica del Presupuesto. Los diputados que aprobaron el presupuesto no sólo actuaron precipitadamente, sino que se contradicen a sí mismos pues ellos fueron quienes aprobaron a finales de 2013 las reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto. Recordemos que dicha ley es de jerarquía superior y constituye un acto de imprudencia por parte de nuestros legisladores pretender modificarla “de facto” mediante una norma presupuestaria anual.

Sin lugar a dudas, el Presupuesto 2015 implicará uno de los endeudamientos más grandes en la historia del país. Es lamentable que aún cuando varios hemos unido esfuerzos para proponer una salida a la crisis financiera por la que nuestra nación atraviesa, nuestros honorables diputados del Congreso siempre quieran salir por la vía más fácil. Una de estas propuestas fue la presentación del estudio fiscal “Hacia el mejoramiento del sistema fiscal”, en donde se hizo una revisión del panorama que se vive en nuestro país, las dificultades que se presentan para generar suficientes recursos para el Estado, así como las posibles soluciones para enfrentar dichos retos. A la fecha, ninguna de las recomendaciones presentadas ha sido tomada en cuenta. Es una pena que se adultere el debido proceso de aprobación del Presupuesto Nacional al negociarse por fuera del Congreso y, más grave aún, a espaldas del pueblo.