A inicios de 2014, Guatemala marcó un avance en la apertura del diálogo sobre drogas con la instalación de la Comisión Nacional para la Reforma de la Política de Drogas. Su misión es “formular propuestas de políticas públicas sobre drogas que tengan una naturaleza integral, multidisciplinaria y respetuosa de los derechos humanos y las libertades fundamentales”. Esto orientado hacia la “reducción de la oferta y la demanda de drogas, control de drogas, lavado de activos, extinción de dominio, narcotráfico y actividades criminales conexas, estructura institucional y normativa en materia de drogas, política exterior y política de drogas, género y drogas, así como extradición y cooperación judicial”.
De tal cuenta, la Comisión ha trabajado los últimos meses en la realización de un análisis profundo sobre cómo se afecta nuestro país a través de las distintas aristas que se desprenden de esta problemática. Es de recordar que Guatemala es el país que más ha contribuido a fomentar un debate respetuoso a nivel internacional. Nuestra nación no es eminentemente consumidora ni productora, sino es un actor como país de tránsito de cocaína y sus precursores, así como otros flujos ilícitos. De hecho es una de las 22 naciones cuya producción o tráfico de drogas tiene mayor impacto en Estados Unidos, según dio a conocer el presidente estadounidense Barack Obama a inicios de esta semana.
La dificultad fundamental que enfrenta Guatemala es la falta de información. Tal ausencia de datos, obstaculiza la comprensión sólida y profunda del origen y desarrollo de la narcoactividad en el país, el avance del debate, la creación de políticas públicas que ayuden a mejorar la situación y, por consiguiente, la definición de una ruta para salir de la crisis. A manera de ilustrar algunas de esas brechas: (i) no existe una metodología fidedigna que nos permita entender cuánta de la violencia está asociada al narcotráfico, (ii) no existen datos precisos sobre cuántas hectáreas cultivadas de amapola existen (la información disponible es altamente contradictoria), (iii) no existen sistemas confiables para la recopilación de precios y pureza de drogas, (iv) no se conoce mayores datos sobre el modus operandi de los grupos del narcotráfico y su impacto en el sistema político y (v) no hay información estadística actualizada sobre el consumo de drogas de nuestro país, siendo la última encuesta de 2005.
Únicamente a través de un diálogo profundo, con insumos técnicos claros y detallados, podremos avanzar en la definición de un nuevo camino para enfrentar la situación. Por ello es imperante que se priorice la recopilación de información fidedigna y actual que ayude a aclarar el panorama. Históricamente, esta combinación de ausencia de datos y de políticas propias, implicó simplemente adoptar el modelo y los métricos prohibicionistas como buenos. Con mejores insumos en mano, debemos de buscar las políticas responsables que reduzcan el daño total que se genera no solo por el consumo sino por las políticas mismas. El proceso de diseño de nuevas políticas por supuesto que deberá tomar en cuenta la fragilidad e incapacidad institucional de nuestro Estado.
A pesar de la ausencia de datos, no por ello podemos ignorar el poder corrosivo de las redes criminales en nuestro país. Estos grupos utilizan la violencia, la corrupción y la cooptación de instituciones para proteger sus rutas y negocios de distribución. Negarlo sería tapar el sol con un dedo.
Es de suma importancia que todos los ciudadanos, miembros de la sociedad civil y actores políticos, colaboren en la construcción de una política de drogas por, para y desde Guatemala. El problema no es de unos pocos afectados, sino del país entero. Kofi Annan, séptimo Secretario General de las Naciones Unidas y co-receptor del Premio Nobel de la Paz de 2001, dijo en un reciente panel sobre políticas de drogas en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza: “yo creo que las drogas han destruido muchas vidas humanas. Pero, las malas políticas de estado han destruido muchísimas más vidas”. Como República Democrática, Guatemala vela por la protección de la vida humana, sin embargo el flagelo del narcotráfico pone en riesgo la seguridad e integridad de los ciudadanos. Es momento que pasemos de página e iniciemos una nueva discusión basada en información técnica y enmarcada en las capacidades de ejecución de nuestro andamiaje institucional.