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Guatemala enfrenta una crisis alimentaria debido a la sequía prolongada. Tan grave es la situación que el Gobierno declaró estado de calamidad durante 30 días en 16 departamentos, en donde aproximadamente 1.2 millones de personas afrontarán escasez alimentaria. Las crisis derivadas de las sequías no son novedad alguna pero, como bomberos, siempre estamos peleando contra el fuego del momento.

Nuestro país tiene una amplia vocación agrícola, con 3.7 millones de hectáreas de superficie con potencial para agricultura. Año tras año los cambios climáticos afectan los cultivos causando así grandes pérdidas y escasez de alimentos, a pesar que existen mecanismos de prevención. Esta situación afecta más al área rural, donde los niveles de pobreza son elevados y muchas personas dependen de sus propias cosechas.

El gobierno guatemalteco responde con una solución “paternalista” al ofrecer alimentos, basándose en experiencias infructuosas, utópicas y demagógicas de otros países de América Latina. Los alimentos entregados a una familia hambrienta sin duda representan una acción humanitaria necesaria. Sin embargo, la realidad es que nuestro gobierno no tiene la capacidad de ejecución ni la solvencia financiera para entregar la cantidad de alimentos correcta, a las personas correctas, en el momento necesario. La preferencia por este paliativo pareciera derivarse de su atractivo político, al asumirse que satisfacer el hambre compra votos y voluntades.

Es lamentable que, a sabiendas de la situación que se avizoraba, las autoridades relacionadas en promover la seguridad alimentaria no aborden la problemática de la baja productividad en el campo ni prevengan la crisis alimentaria que afecta a muchos hoy. ¿Cómo podríamos mejorar las condiciones actuales de la baja productividad en el área rural? Una posible solución es fomentar el riego, como el Programa de Riego que la iniciativa “Mejoremos Guate” desarrolló dentro de los Proyectos para la Aceleración del Crecimiento Económico (ACE), con el apoyo técnico del MAGA.

Como dice el dicho, “más vale prevenir que lamentar”. El proyecto de riego de ACE hubiese requerido una inversión de Q260 millones y habría implementado 300 sistemas de mini riego colectivos e individuales. El costo del Plan de Emergencia propuesto por el gobierno se estima en Q577 millones, de los cuales solo se cuentan con Q184 millones. Si queremos cambios transformadores y de raíz, es imperativo que invirtamos inteligentemente en el futuro de nuestra nación.

Guatemala tiene un gran potencial hídrico. Actualmente solo se utiliza un 10% del agua superficial. El acceso a riego genera una gran cantidad de beneficios como (i) reducir el riesgo de crisis alimentarias, (ii) incrementar la rotación que se le puede dar a una parcela, (iii) posibilitar otro tipo de cultivos que mejoran la diversidad alimentaria y nutricional, aparte del frijol y el maíz, (iv) además del potencial económico que dicha diversidad supone. El riego tiene el potencial de duplicar y, en algunos casos, triplicar las cosechas, incrementando así los ingresos de los habitantes del área rural del país. Como consecuencia, la implementación del proyecto de riego de ACE generaría aproximadamente 130,000 empleos así como una dramática mejora en la calidad de vida de muchas familias guatemaltecas.

El panorama de la sequía a causa de la canícula prolongada es lamentable. Las estimaciones al día indican que las pérdidas llegan a los Q631 millones en 210 municipios y más de 3,700 comunidades, muchas de las cuales perdieron el 80% de cultivos de maíz y el 60% de cultivos de frijol, sus dos principales fuentes de alimento. Para complicar aún más el panorama, Guatemala es uno de los países con mayor desnutrición a nivel mundial, donde cuatro de cada diez niños menores de cinco años sufren de desnutrición crónica. Si seguimos con esta constante actitud de bomberos, enfrentando los fuegos del momento, llegaremos a tener nada más que cenizas. Es momento que busquemos soluciones transformadoras y de raíz que nos ayuden a prevenir y no a seguir lamentándonos.