El rezago de ciertas variables sociales tienden a ser más evidentes en comunidades con ascendencia indígena. No obstante, a pesar de algunas condiciones históricas y la falta de prioridad que el Gobierno les ha dado, cabe resaltar que algunas de ellas parecieran ser la excepción a la regla, presentando los menores índices de violencia y mayor éxito en la resolución y prevención de conflictos de distintas índoles. Estas son aquellas que se organizan bajo el sistema de Autoridades Indígenas y Ancestrales, desde hace 450 años.
En comunidades de departamentos como Sololá, las Autoridades Indígenas han sido capaces de resolver más de 3 mil conflictos, que representan un costo de Q5 mil a Q8 mil para el Estado. Los conflictos van desde asuntos muy simples como un accidente vial o un lío familiar, hasta la captura de delincuentes. Un ejemplo de ello es el encarcelamiento de la banda de secuestradores Los Pujujiles, la cual solo pudo haberse llevado a cabo con la intervención de las Autoridades Indígenas.
La semana pasada, representantes de dichas autoridades tuvieron la oportunidad de visitar Nueva York, para asistir a una serie de reuniones en instancias internacionales, tales como Naciones Unidas, el Consejo de las Américas y la Human Rights Foundation. El objetivo principal era dar a conocer el trabajo que llevan a cabo en Guatemala y la manera en que contribuyen en la resolución de conflictos sociales. Muchos pueden pensar que la resolución de conflictos es algo sencillo. Sin embargo, los conflictos sociales mal manejados, tarde o temprano llegan a su etapa más crítica: la violencia. Hoy por hoy los guatemaltecos nos encontramos en una cancha de fútbol, pero cada uno jugando bajo distintas reglas. Esto ha generado discrepancias dentro de nuestra misma sociedad, poniéndonos unos en contra de otros. Entendiendo que estas comunidades y liderazgos indígenas buscan reducir la conflictividad y que les interesa el desarrollo del país, a veces es difícil de comprender por qué se crean conflictos entre comunidades e hidroeléctricas, empresas extractivas, etcétera. Quizá la forma de resolver esta paradoja tenga que ver conque estamos entendiendo y viendo el panorama desde ópticas muy distintas. Lo cual sería parecido a querer jugar fútbol entre dos equipos, pero con reglas diferentes.
A lo largo de nuestra historia, múltiples intentos por alcanzar una sociedad incluyente y en armonía se han llevado a cabo. Uno de ellos fue la fundación del Fondo de Desarrollo Indígena de Guatemala (Fodigua). La misión de dicha entidad es “fortalecer y promover el desarrollo humano integral de los pueblos Maya, Garífuna y Xinca” a través de la “transformación del Estado”. El nombramiento del nuevo Consejo Directivo fue hace una semana y las Autoridades Indígenas fueron excluidas del proceso.
Es ilógico pensar que quienes fueron electos legítimamente, por sus méritos y por los miembros de su comunidad, sean ignorados para integrar el Consejo Directivo de una entidad que promueve el desarrollo de los pueblos indígenas. Sobre todo, cuando el Artículo 66 de la Constitución reconoce la diversidad étnica de nuestro país, y respeta y promueve sus formas de vida, costumbres y tradiciones. Es admirable la labor que este grupo ha logrado hacer con poco y tenemos mucho que aprender de la mística conque ellos la llevan a cabo. Sin embargo, estas comunidades juegan bajo un set de reglas distintas, ¿cómo podríamos armonizar las reglas los unos con los otros? El país ganaría mucho al institucionalizar y formalizar el sistema en resolución de conflictos de las Autoridades Indígenas y Ancestrales, descongestionando así nuestro sistema de justicia tan saturado y replicando, además, la voz de armonía y de paz con que viven el día a día.
