Es necesario desempolvar algunos factores histórico-culturales para llegar a las raíces de esta situación y poder comprenderla en todas sus dimensiones. Durante la época de la Colonia, España instauró las aduanas como una medida de control de las mercancías que ingresaban al nuevo continente y para restringir el comercio con otras potencias europeas.
El objetivo era que únicamente los ciudadanos españoles se beneficiaran del comercio, siendo sus productos los únicos disponibles para las colonias americanas. Sin embargo, estos productos, además de ser de baja calidad, tenían un precio muy elevado. Mientras tanto, los piratas del Atlántico hacían llegar a todos los puertos mercadería de mejor calidad y a un precio mucho más asequible, dando inicio al lucrativo negocio del contrabando en aduanas. Desde aquél entonces, vemos cómo el verdadero origen de una institución afecta la manera cómo ésta se comporta hoy en día.
Durante más de 300 años la piratería de mercadería solo ha ido en aumento, reduciendo así los ingresos por tributos aduaneros. A casi dos siglos de nuestra independencia, y con algunos intentos por fomentar un comercio “más transparente” (Mercado Común Centroamericano, Esquipulas I, la firma del CAUCA y la RECAUCA), el contrabando en aduanas se mantiene firme y roba a las arcas estatales importantes tributos.
¿Por qué hay una merma tan importante en la recaudación de aduanas? Entre agosto del 2012 y del 2013, el volumen de mercaderías importadas aumentó 0.4% y el valor de dichas importaciones incrementó un 2.8%, mientras que la recaudación de IVA por esas mismas importaciones disminuyó un 0.2% (FUNDESA). Esa diferencia representa la ampliación de la brecha para este año y confirma los problemas de aduanas que hemos visto desde la Colonia. ¿Cómo podríamos resolver ese déficit? ¿Por qué el 2013 ha sido un año de desmejora marcada? Hoy en día, no podemos negar que el contrabando se ha vuelto un modo de vida para muchas personas en aduanas y en las fronteras, ha propiciado la corrupción de nuestro sistema y afectado las arcas del Estado. En siglos de historia, hemos sido incapaces como sociedad de resolver los puntos anteriormente mencionados.
Sigue habiendo un gran índice de corrupción por la defraudación aduanera, sub-declaraciones y apego a regímenes arancelarios que no corresponden con la naturaleza del producto. Como posible solución, el Gobierno presentó la intervención de cinco aduanas para contrarrestar este déficit y la corrupción que allí se vive. Pocos días después la medida fue refutada y rechazada. Recordemos que la intervención de una institución se rige bajo la Ley de Orden Público, y solo se pueden intervenir instituciones prestadoras de servicios esenciales. Por dicha razón pareciera que la intervención es inconstitucional.
Sin embargo, la discusión de fondo que debería de acaparar los medios hoy no es si intervenir o no intervenir, sino ¿qué mecanismos se podrían implementar para resolver el gran robo de recaudación en aduanas y otras fronteras? ¿Cómo podríamos implementar controles legítimos y legales para desmantelar esas mafias y prácticas que se han atrincherado desde tiempos de antaño?
El debate está en la mesa y, como guatemaltecos, recae en nosotros una gran responsabilidad. No solo como ciudadanos al fiscalizar las acciones del gobierno, sino también en la toma de decisiones cuando adquirimos ciertos bienes y servicios. Está en nuestras manos velar por la legitima procedencia de los productos que adquirimos, desde la gasolina, hasta licor importado y medicamentos con los debidos registros. Sin lugar a dudas la certeza jurídica y la primacía de la ley debe prevalecer en cualquier nación, Guatemala no es la excepción. El contrabando en aduanas puede cambiar si trabajamos activamente en la reducción de la demanda de productos contrabandeados.
