Esta no es otra columna sobre los bonos y la deuda flotante. En Guatemala ya no es noticia que el Gobierno adquiera deuda en forma irregular, o que el endeudamiento total supere los Q103 millardos (ello sin la aprobación de los Bonos del Tesoro). Lo que seguramente se volverá noticia será el momento que los bonos y el déficit nos lleven a sobrepasar el límite de 250 por ciento de deuda pública sobre Ingresos del Estado. Será noticia ya que todos, desde el Estado de Guatemala hasta las empresas y los ciudadanos, pagaremos más intereses por nuestras deudas. La decisión está en manos de algunos pocos, pero el resultado nos afectará a todos.

Ante este escenario, parece oportuno alzar la vista para buscar perspectiva. En noviembre de 2011, en el contexto de una gestión gubernamental bastante cuestionada, el sector empresarial, liderado por CACIF, sometió a consideración de la opinión pública la necesidad de un “acuerdo de Estado”. Con él se pretendía lograr un ordenamiento de las finanzas públicas y romper el ciclo de discusiones permanentes sobre la insuficiencia de recursos en las instituciones públicas.

Recordemos que todas las deficiencias de una nación están entrelazadas entre sí. El acuerdo de Estado buscaba un abordaje integral y se resumía en mejorar la generación de ingresos para el Estado a la vez que mejoraban también la calidad de la ejecución y la capacidad de auditar las finanzas públicas. En su momento, se afirmó que no era cuestión de echarle más agua a la cubeta o de taparle las fugas a la misma. El acuerdo de Estado proponía formas para lograr ambas en simultáneo. A casi dos años plazo, ¿cómo nos fue?

El Impuesto Sobre la Renta a las empresas y las personas incrementó 22.7 por ciento de abril 2012 a abril 2013. Sin embargo, su impacto fue neutralizado por una merma de 26 por ciento a nivel de recaudación en aduanas durante el mismo periodo. Se borró con el codo lo que se hizo con la mano, ya que la reducción se debe a una reforma precipitada y mal implementada.

En calidad del gasto, hemos visto luces y sombras. Las sombras merecen toda nuestra atención como ciudadanos y esta columna no es el espacio indicado. En cuanto a luces, se puede resaltar el esfuerzo del Ministro de Gobernación quien ahorrará Q85 millones en su cartera a través del proyecto de Gestión por Resultados.

El eje de capacidad de auditoría es el más rezagado. La iniciativa de ley 44-61 que busca mejorar la transparencia parece no ser importante para los políticos de turno. La Contraloría General de Cuentas revisa todo tipo de “formas”, pero omite revisar el fondo.

El debate público se ha concentrado en la aprobación de los bonos y la deuda flotante, cuya ilegalidad es indubitable. Quizás el acuerdo de Estado nos pueda servir como una hoja de ruta hacia adelante. Dependemos de la conciencia de todos los ciudadanos y el involucramiento de cada uno de nosotros para retomar el rumbo.

Nota: este artículo fue publicado el 15 de agosto de 2013 en diario El Periódico de la ciudad de Guatemala