La reforma fiscal no ha dejado de ser el tema de debate en los últimos días. Sin duda, la posibilidad de pagar más impuestos no es algo para tomar a la ligera. Nos preocupa, y mucho. Parte del debate gira alrededor de la pobre capacidad de ejecución del gobierno sobre los fondos que ya tiene. La voz dominante en él pareciera ser “que suba la calidad del gasto, y después hablamos de impuestos”.
A los eruditos de política pública, desde sus diversos puntos ideológicos, les encanta hablar con palabras rimbombantes y lenguaje sofisticado que, en el fondo, no dice nada. Defienden con este lenguaje adornado sus argumentos, sin embargo, calidad de gasto, fortalecimiento institucional y Estado de Derecho, son tres conceptos completamente loables pero abstractos. ¿Cómo sabemos cuándo los alcanzamos? Es como la buena intención de bajar de peso, totalmente acertada pero con el riesgo de no pasar más allá de ser una buena intención. Es muy distinto cuando la intención se plantea como una meta concreta respaldada por acciones específicas. Por ejemplo, planeo bajar 8 libras en dos meses. Para lograrlo voy a eliminar mi consumo de carbohidratos y voy a ejercitarme por lo menos 30 minutos cuatro veces por semana. Pero, ¿hay quien pueda definir con precisión esa meta elusiva de calidad de gasto y las acciones específicas que vamos a ejecutar para lograrla?
Aún y cuando no tenemos esa definición certera de calidad de gasto, debemos reconocer que hemos ido avanzando, poco a poco, en la dirección correcta. Como sociedad, hemos pasado de preocuparnos a ocuparnos en una verdadera auditoría social. Un claro ejemplo de ello es la controversial compra de 5mil trompos que iba a realizar el Ministerio de Cultura y Deportes para “recuperar los juegos autóctonos tradicionales del país”. Según el portal de Guatecompras, cuatro empresas ofrecieron sus servicios para la venta de los juguetes, y las autoridades se decidieron por la oferta más elevada. Esto generó fuertes críticas en redes sociales y en los medios de comunicación, por lo que poco tiempo después el ministro de Cultura, Luis Chea, informó que la compra de los trompos había sido cancelada, y que además el director general y el encargado de compras del viceministerio del Deporte y Recreación habían sido destituidos de sus puestos. Esta pequeña victoria significó la suma de Q89 mil 750, equivalente al salario de 46 agentes del Sistema Penitenciario, o al valor de aproximadamente 535 escritorios unipersonales para equipar una escuela pública de primaria.
Sin duda, tenemos muchos pendientes en el tema de calidad de gasto, sobretodo cuando vemos flagrantes violaciones tales como plazas fantasmas, compras innecesarias, contratos anómalos y supuestos programas sociales clientelares y sin evidencia alguna de su efectividad. En un entorno de recursos limitados, ciertamente tenemos que priorizar los temas de salud, educación, seguridad y justicia e infraestructura. En cuanto a salud, debemos arrancar por restablecer el primer nivel de atención, seguido de la reducción de costos administrativos en los hospitales. Por ejemplo, el Hospital San Juan de Dios destina 47% de su presupuesto a gastos administrativos, mientras que el Hospital de Quetzaltenango únicamente el 15%. Sin duda la demanda y necesidades en ambos hospitales no es la misma, pero vale la pena hacer una revisión minuciosa de los gastos en cada establecimiento, especialmente por la sospecha de plazas fantasma. Además, es importante realizar una revisión profunda de las condiciones del abusivo pacto colectivo que actualmente nos cuesta más de Q1,832 millones. Por último, se debe adquirir un compromiso por implementar un sistema de control de inventarios con código de SKU (el identificador para el seguimiento sistémico de productos llamado stock-keeping unit, conocido en español como “número de referencia”). Un plan sencillo, como el que acabo de detallar, nos sacaría del mundo abstracto y nos permitiría evaluar avances en materia de calidad de gasto.
En el ámbito de seguridad y justicia, las autoridades se han comprometido a elevar el Índice de Eficiencia Global de la Justicia Criminal del actual 12.6% a un 20%, con el objetivo de mejorar la seguridad ciudadana. Recordemos que una cadena se rompe por el eslabón más débil, y en nuestro caso existen varios eslabones inservibles. Por ejemplo, hoy cada entidad que compone esta cadena tiene un propio sistema aislado de metas y evaluación, por lo que no existe comprensión de la interrelación que hay entre ellas. Es de suma importancia reconocer los enlaces e interdependencias entre las instituciones responsables para promover los ajustes necesarios que la cadena requiere. Finalmente, en el tema de la infraestructura, año con año nos hemos agotado el presupuesto sin avanzar siquiera un 50% en la ejecución de los proyectos planificados.
Ciertamente debemos hacer más por mejorar la calidad del gasto, pero ello supone poder definir metas cuantitativas. Como país, tenemos una enorme capacidad de redactar políticas públicas, pero existe muy poca capacidad de ejecución. Nos damos palmadas en la espalda cuando introducimos en ley alguna “mejor práctica del extranjero”, pero esas manos están ausentes para hacer el trabajo necesario que sacará a nuestro país adelante. Difícilmente lograremos avanzar, si no invertimos en áreas prioritarias pero, más que eso, si no definimos una meta cuantitativa de evaluación de la calidad del gasto, respaldada por un plan de acción concreto para lograrlo. Una inversión de calidad, pertinente, eficiente y transparente es necesaria para sacar adelante a Guatemala.
