A mediados de 2006, un nuevo y prometedor capítulo inició para Guatemala con la entrada del Tratado de Libre Comercio (TLC), también conocido como DR-CAFTA por sus siglas en inglés. Este es un acuerdo bilateral entre los países firmantes que busca la creación de una zona libre de comercio. Sin embargo, a pesar de los avances económicos, el Congreso de Guatemala aún no ha cumplido todas las condiciones de este tratado, por lo que Estados Unidos reactivó un Panel Arbitral que pone en riesgo a gran parte de la economía guatemalteca.

Michael Froman, representante de la Oficina Comercial de EE.UU., explicó el pasado 18 de septiembre que la medida fue tomada debido a que los compromisos clave en el marco del Plan de Aplicación siguen pendientes. Entre tales compromisos se encuentra la aprobación de la iniciativa 4703. Este proyecto de ley incluye reformas al Código de Trabajo, las cuales protegen los derechos de los trabajadores cuando existan violaciones a las leyes laborales.

La iniciativa 4703 fue presentada ante el Congreso el 25 de junio de 2013, a sabiendas de la carrera contra el reloj que se tenía. Sin embargo, por más de 14 meses, los diputados optaron por engavetar este asunto de gran prioridad, abusando del tiempo y de recursos del erario público para llevar a cabo interpelaciones cuestionables y atender otros requerimientos que catalogan como “urgentes”. A pesar de la extensión especial de cuatro semanas al plazo original, aparentemente ignoraban por completo que ayer, 24 de septiembre, era el último día para que Guatemala aprobara tales reformas. El pasado martes, con 96 votos de los 105 requeridos, los diputados improbaron conocer de urgencia nacional las reformas laborales. Dos horas después decidieron romper quórum para suspender la sesión y evitar la discusión a toda costa.

Esta es una noticia muy lamentable para el país entero y le abre paso a una serie de dificultades que nuestros diputados parecen subestimar. La vigencia del TLC hace permanentes los beneficios para 80% de productos que brinda la iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), lo cual abarca un volumen comercial de aproximadamente US$30 mil millones en toda Centroamérica. Además, concede que se tengan las reglas claras para hacer negocios: (i)reduce y elimina las principales barreras al comercio, (ii) prohíbe la adopción de medidas unilaterales que puedan afectar el comercio bilateral, (iii) exige dar un mismo trato a todas las personas y (iv) demanda una aplicación plurilateral.

Todo esto no solo permite la entrada libre de aranceles de gran parte de productos nacionales a Estados Unidos, sino que también estimula la expansión y diversificación del comercio y, por ende, aumenta las oportunidades de inversión. Sin embargo, como en cualquier juego, se deben respetar ciertas reglas. En nuestro caso, no lo hicimos.

Ante este escenario, ahora Guatemala no solo debe pagar una multa de hasta US$15 millones, sino que también corre muchos riesgos. En primer lugar, que la mayoría de nuestros productos puedan ser rechazados por el mercado estadounidense debido a las sanciones comerciales que puedan ser levantadas, disminuyendo así la actividad económica nacional afectando la disponibilidad de empleo para quienes más lo necesitan. Por otro lado, es muy posible que inicie una campaña pública contra nuestro país, causando un impacto negativo en las inversiones, el turismo y la imagen de la nación. Además, no podemos ignorar las consecuencias que todo esto conlleva, tales como el detrimento en la recaudación fiscal y el incremento de actividades ilícitas como la delincuencia, el narcotráfico, las migraciones ilegales, etcétera.

Sin duda alguna la iniciativa 4703 está sujeta a una serie de mejoras, pero no por ello podemos permitir que el futuro de nuestra nación entera sea castigado. Si alguna bancada tenía posibles enmiendas para la 4703, tuvieron 14 meses para comunicarlas, trabajarlas y consensuarlas. Introducir hoy la necesidad de enmiendas, además de tratar de aprobar tal iniciativa como un asunto de urgencia nacional, a mi parecer nos ilustra la ligereza e irresponsabilidad con que se estaba atendiendo el tema. ¿Por qué no lo hicieron durante esos 14 meses? Tuvieron más que tiempo suficiente para presentar y debatir sus propuestas de enmienda.

Es de suma importancia que nuestros diputados sean críticos a la hora de armar la agenda legislativa y que prioricen asuntos de gran trascendencia para todos los guatemaltecos. Ahora no queda más que hacerle frente a las consecuencias que el Panel Arbitral conlleva. Sin embargo, somos nosotros, los ciudadanos guatemaltecos, quienes debemos exigirle a nuestras autoridades el debido cumplimiento de su labor para impedir que este tipo de situaciones sigan sucediendo. Especialmente cuando se trata de prioridades engavetadas en el olvido, lo cual estaremos lamentando por mucho tiempo. Una vez más estamos como bomberos, apagando los fuegos del momento.