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En las últimas semanas he escrito sobre las necesidades que tenemos como país, la importancia de robustecer la educación, el fuerte clamor ciudadano por reactivar la economía y sobre la urgencia de mejorar la seguridad ciudadana (tanto real como percibida). En fin, son tantas las necesidades sentidas por la población guatemalteca, ¿cómo las atendemos? Pues, con pisto.   

 

El pago de impuestos es necesario para que los servicios públicos de un país funcionen. Existe una serie de tributos que los ciudadanos estamos obligados a efectuar como nuestra contribución al erario. Desde el impuesto al valor agregado (IVA), hasta el impuesto sobre la renta (ISR), estos debiesen grabar todas las transacciones lícitas de nuestra economía. En Guatemala, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) le asigna a cada contribuyente un número de identificación tributaria, conocido como NIT. Es con este número que se lleva un control de toda actividad económica (compra o venta) y el pago de impuestos que corresponde.

 

Por consiguiente, nuestra recaudación fiscal depende, en gran parte, de los NITs activos que existen y sus transacciones. Así que me tomé la libertad de investigar un poco, ¿cuántos NITs existen en Guatemala? ¿Cuántos de ellos aportan a la recaudación nacional? La respuesta que obtuve de la SAT me dejó perplejo. A pesar de que la población económicamente activa es de 5 millones de guatemaltecos, a noviembre de 2019 se reportan tan solo 2.5 millones de NITs activos, es decir, contribuyentes que presentaron al menos una declaración durante ese año. Resulta también difícil de creer que, de ese total, 1.3 millones de ellos reportan tan solo una transacción, sugiriendo una compra vehicular o algún intercambio de esa naturaleza. Eso significa que las contribuciones reales de nuestro país recaen en 1.3 millones de NITs. De ese total, 0.1 por ciento de ellos (3 mil 232) contribuyen el 80 por ciento de la recaudación nacional. Esto es insólito.

 

No nos debería sorprender que no alcanzamos la meta fiscal. Tampoco nos debería extrañar que nuestro país persista en condiciones lamentables, si muy pocos de nosotros pagamos impuestos. A ello debemos sumarle el hecho que la informalidad representa el 70 por ciento de nuestra economía y que existen millones de guatemaltecos que evaden impuestos.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), hoy somos el país que menos paga impuestos en toda la región. Su último reporte (“Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe”) indica que, en 2017, Guatemala fue el país latinoamericano con la recaudación tributaria sobre el PIB más baja (12.4 por ciento), muy por debajo del promedio regional (34.3 por ciento). Existen dos factores que contribuyen a este hecho. El primero es que la tasa marginal máxima que pagamos las personas individuales es baja (7 por ciento), en comparación con la de las empresas (quienes pagan 25 por ciento de ISR).  El segundo es la enorme cantidad de contribuyentes quienes se abstienen de declarar impuestos.

 

Sin prejuicio a que el Estado debería ser eficiente, lo que recauda Guatemala es ridículamente bajo. Con ello no podemos enfrentar el sinfín de prioridades que tenemos. Para echarle sal a esa herida, somos el peor país de la región en cuanto a percepción de corrupción. En el Índice de Gobernabilidad del Banco Mundial de 2019, Guatemala ocupó el puesto 159 de 211 países.

Así que, no se trata únicamente de poco pisto, se trata además de que lo poco que se recauda se escabulle por fugas como la corrupción, el contrabando, los pactos colectivos, etc. Tenemos que enfrentar esas fugas. Tan solo hace un par de días un matutino publicó que este mes el Ministerio de Educación debe realizar un desembolso de Q43 millones para cumplir con el pacto colectivo firmado por el gobierno de Jimmy Morales. Ello para pagar un 5 por ciento de incremento salarial el cual, sea dicho de paso, no contempla ningún tipo de mejora en la calidad educativa de nuestro país.

 

Por supuesto que, está de más decir que, el presupuesto de esta cartera es insuficiente para cubrir este gasto (un impacto total de Q600 millones) y deja de lado importantes proyectos como el remozamiento de escuelas. El hecho que no se aprobó el presupuesto del 2020 también afecta. El actual gobierno tiene que hacerle frente a compromisos de este tipo con el presupuesto de 2019. Según el Ministerio de Finanzas, cerca del 30 por ciento de nuestro presupuesto es destinado a nómina. Quedan pocos recursos para atender verdaderas prioridades.

 

Queremos que el gobierno haga muchas cosas, pero analicemos, ¿de dónde sale esa plata? ¡De nosotros! De los impuestos que, por ley, estamos obligados a pagar. No se vale excusarnos. Cuando hablo de este tema, muchos me dicen “¿para qué voy a pagar impuestos? De nada sirve”. Debemos pagar porque es lo que nos corresponde. Debemos pagar, si queremos que las cosas cambien. Pero también debemos exigirles a las autoridades que usen nuestro dinero de forma pertinente, eficiente y transparente. Que enfrenten las prioridades nacionales y que nos entreguen cuentas.

 

Hoy los recursos que recaudamos provienen de poquísimas fuentes. Ojalá en 2020 esto cambie. Por eso me parecen oportunas las modificaciones que la SAT ya está implementando, entre ellas está (i) la activación de la factura electrónica para que cada vez más personas se puedan inscribir y para facilitar el comercio, (ii) la modernización integral aduanera, que fortalece los controles en aduanas y (iii) el fortalecimiento de gestión integral de riesgos. Pero tenemos que hacer mucho más para activar nuestra economía formal. Esto pasa por simplificar los procesos para inscripción de empresas, para facilitar la presentación y cumplimiento de formularios tributarios, y la reducción de barreras que limitan la formalización.

 

Hay muchas promesas y sueños para Guatemala. Hay mucho que debemos hacer para convertirnos en una nación hecha y derecha, un país ejemplo para todo el mundo. Pero alguien tiene que pagar por esos sueños. Alguien tiene que velar por esos cambios. Estos no surgirán por inercia, suponen una inversión importante de recursos. Pero depende de los ciudadanos contribuir a esa recaudación fiscal, y depende de nuestras autoridades el mejor aprovechamiento de esos recursos.

 

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