En un mundo donde 24 por ciento de personas confiesan haber pagado sobornos y donde los casos de corrupción quedan sumidos en el papeleo entre oficinas estatales, la sociedad civil debe asumir un rol para apoyar ese combate.

Nunca he visto un político que no afirme luchar contra la corrupción y el crimen organizado. Alrededor del mundo, los políticos respaldan su retórica con acciones concretas.  Sin embargo, el mundo no avanza contra la corrupción.

Según Transparencia Internacional (2011), el promedio mundial de percepción de la corrupción en las instituciones públicas fue del 3,3 sobre 5 (1 = nada corrupto y 5 = muy corrupto), el 24 por ciento de las personas alrededor del mundo informaron haber pagado un soborno en los últimos 12 meses, y al menos el 50 por ciento de las piensa que el gobierno es ineficaz en la lucha contra la corrupción.

El problema de esto radica en el “Mimetismo Isomorfo”, el cual significa que las organizaciones obtienen la legitimidad que necesitan para sobrevivir adoptando las formas de otras organizaciones legítimas sin llegar a alcanzar su funcionalidad. Pareciera entonces que los gobiernos y los políticos están tomando las acciones “correctas”.  Sin embargo, solo hacen como que hacen sin producir resultados concretos.

La historia típica, especialmente en nuestros países en desarrollo, es la siguiente: un ambicioso periodista de investigación destapa algún gran esquema de corrupción. Presionada para actuar, la oficina de la Contraloría rellena cajas con todos los documentos que puedan estar relacionados al caso y las envía a la oficina del Fiscal General. Tras el anuncio de Contraloría que el caso fue presentado y presionada a mostrar resultados, la oficina del Fiscal General envía las cajas selladas a los tribunales. Sin embargo esto de nada sirve, ya que los tribunales no son capaces, ni deben serlo, de digerir la información en bruto tal como la han recibido. El tribunal devuelve las cajas a la fiscalía y el juego de ping-pong entre ambos continúa hasta que estalla el siguiente escándalo, la atención se desplaza y el proceso vuelve a empezar.

En Guatemala, hay aproximadamente 480 casos estancados en el juego del papeleo.  Se debe, en parte, a la gran ausencia de voluntad política para hacer algo al respecto. Seguramente también se debe a agentes de poder que hacen un par de pagos estratégicos para asegurar el blindaje de los casos dentro de la nube mímica.

¿Qué pasaría si damos un apoyo a las instituciones para procesar los casos acumulados? Las empresas y la sociedad civil pueden trabajar en conjunto al aportar contadores forenses, abogados, expertos en compras y licitaciones, entre otros, que digieran estos casos y puedan ser presentados con fundamentación técnica ante los tribunales. Simultáneamente, las instituciones judiciales podrían aprender de estos expertos y desarrollar su capacidad para procesar nuevos casos a futuro.

Es claro que los gobiernos con recursos limitados del mundo necesitan nuestra ayuda. Si despertamos el poder ciudadano global, podríamos ayudar a reducir la corrupción.

Nota: este artículo fue publicado el 14 de mayo de 2013 en la revista Contrapoder de la ciudad de Guatemala